Una mujer identificada como Rossana Noemí “N”, de 62 años, fue detenida el pasado 12 de noviembre por autoridades mexicanas en Nogales, Sonora, luego de que Estados Unidos solicitara su localización mediante una orden de detención con fines de extradición.
Las autoridades estadounidenses la señalaban por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, derivados de su presunta participación en el tráfico de fentanilo.
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El arresto fue producto de un trabajo conjunto entre instancias de inteligencia mexicanas y la cooperación internacional. Participaron la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol —adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR)— y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en una operación que combinó análisis de gabinete con despliegue en campo.
Las autoridades ubicaron a la detenida en un domicilio de la colonia Buenos Aires
El operativo se concentró en la calle Popocatépetl, dentro de la colonia Buenos Aires, en Nogales. Ahí, los agentes lograron establecer el paradero de la mujer tras cruzar información de inteligencia entre las corporaciones involucradas, lo que derivó en la ejecución de la orden pendiente en su contra.
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Rossana Noemí “N” figuraba en los registros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), dos agencias que mantenían vigente una orden de arresto en su contra por su presunta vinculación con el tráfico de fentanilo en territorio estadounidense.
Tras cumplirse la orden judicial, los agentes trasladaron a la detenida a Hermosillo, donde quedó a la espera de los trámites con Interpol para ser enviada posteriormente a la Ciudad de México. De ahí, conforme al procedimiento de extradición, ingresaría a un Centro Federal de Reinserción Social.
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Según datos revelados este 13 de noviembre por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el caso guarda un antecedente directo: el 28 de septiembre pasado, elementos de seguridad detuvieron en la misma ciudad fronteriza a Jesús Francisco “N”, alias “Ketus”, de 39 años.
Las autoridades lo identificaron como líder de una facción criminal con presencia en la región y como una persona vinculada tanto a hechos de violencia como a actividades de narcotráfico, además de tener relación con la ahora detenida. Las autoridades señalaron que el “Ketus” es yerno de Rossana Noemí “N”.
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Con este arresto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) sumó un caso más a su historial de operaciones de inteligencia dirigidas a ubicar personas requeridas por delitos de alto impacto, en particular los asociados al tráfico de drogas sintéticas, en coordinación con agencias de procuración de justicia tanto nacionales como extranjeras.
El fentanilo pasó de uso médico controlado a eje de una crisis de sobredosis
El fentanilo nació en la década de 1960 como un anestésico de aplicación intravenosa y, desde entonces, se mantuvo como un medicamento legal tanto en Estados Unidos como en México, con fines médicos y de forma controlada. Su potencia analgésica resultó notablemente superior a la de otros opioides: llegó a ser 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína.
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Pese a su estatus como narcótico de Clasificación II dentro de la Ley de Sustancias Controladas de 1970, el fármaco encontró vías de fuga hacia el mercado ilegal. Robos, recetas falsificadas y la intervención de pacientes, médicos y farmacéuticos corruptos permitieron que dosis originalmente destinadas al tratamiento del dolor terminaran en circuitos de distribución clandestina.
Además, los cárteles adoptaron formas más simples que su versión farmacéutica: polvo o tabletas falsificadas hechas en narcolaboratorios clandestinos que buscan imitar medicamentos legítimos como la oxicodona, entre ellas las conocidas en el mercado ilegal como M30.
La propia Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió que cinco de cada diez pastillas analizadas contienen una dosis potencialmente letal.
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La producción de esta droga sintética comenzó con la compra de precursores químicos a empresas chinas, de acuerdo con registros judiciales en Estados Unidos. Sustancias como la 4-Piperidona y la N-Fenilpiperidin-4-amina fueron enviadas desde China a laboratorios en México para sintetizar el opioide, según documentos de una condena reciente contra un operador del Cártel de Sinaloa, Hernán Geovani Ojeda Elenes.
El puerto de Manzanillo, en Colima, concentra alrededor del 60% de los contenedores que ingresan diariamente a México y funciona como la principal vía de entrada de precursores para fentanilo y metanfetamina, de acuerdo con un análisis de la Universidad de Virginia.
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En agosto de 2024, China impuso controles más estrictos sobre dos de las sustancias más usadas por los productores.
En el entorno del narcomenudeo en EEUU, la sustancia circula bajo distintos apodos para pasar desapercibida ante las autoridades, entre ellos:
- Apache
- China Girl
- Dance Fever
- Jackpot
- King Ivory
- Murder 8
- Tango & Cash
Terry Cole, jefe de la DEA, señaló al Cártel de Sinaloa y al CJNG como prioridad número uno por la crisis de fentanilo
El jefe de la DEA, Terry Cole, afirmó en un mensaje difundido el 24 de junio, en el marco de la operación “América libre de fentanilo”, que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representan la prioridad número uno de la agencia. El funcionario describió al fentanilo como una amenaza que “ha destrozado familias y devastado comunidades”.
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Cole detalló que, desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, la DEA decomisó más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, cifra equivalente a más de 478 millones de dosis letales. Atribuyó a Trump y al fiscal general en funciones Todd Blanche el haber dado a la agencia las condiciones para atacar la crisis “desde todos los ángulos posibles”.
El funcionario, quien dijo haber servido en Colombia, Afganistán y México, sostuvo que su agencia rastreó “a cada facilitador, distribuidor y cada individuo que se beneficia” del fentanilo, al que calificó como “veneno”. Rechazó que la frase “América libre de fentanilo” fuera un simple eslogan y la definió como “su promesa al pueblo estadounidense”.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2024 de la DEA, el fentanilo y otros opioides sintéticos fueron responsables de aproximadamente 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
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