Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, publicó el día 6 de junio de 2022 el llamado Decreto 40 en el boletín oficial del estado, donde se adicionó el artículo 167 quarter al Código Penal del Estado de Sonora, mismo que causó el reclamo y la movilización de los medios de comunicación locales.
En este, el artículo mencionado indica que “Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el calor diario de la unidad de medida y actualización”.
En este contexto, diversas organizaciones como Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y ARTICLE 19 indicaron a través de un comunicado que dicho artículo podría “generar interpretaciones subjetivas y restrictivas” en contra del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar.
Por este y otros argumentos, pidieron al Congreso de Sonora que se derogue el decreto 40 por “contravenir estándares internacionales y su impacto negativo al ejercicio de la libertad de expresión, particularmente el ejercicio periodístico, así como el derecho de acceso a la información de la ciudadanía”.
Al respecto, el periodista Raymundo Riva Palacio consideró en su más reciente columna para Ejecentral que Durazo optó por censurar la cobertura de la violencia de forma periodística a través de su decreto, lo que colocó al estado que gobierna “al nivel de las dictaduras, donde lo que no le gusta al gobierno lo reprime penalmente”.
“No encontró el gobernador, arquitecto de la nula estrategia de seguridad del gobierno federal, mejor salida para ocultar la violencia en Sonora”, escribió el columnista mexicano, y luego comparó al político morenista con Andrés Manuel, quien, dijo, tampoco ha enfrentado la creciente violencia.
En este sentido, señaló que la actitud que ha tomado el gobernante es de gran preocupación, pues es una forma de intimidar y de aplicar instrumentos represores en contra de los periodistas en la entidad.
Señaló que a este posicionamiento también se ha sumado el Centro Nacional de Inteligencia, donde supuestamente se han intervenido hasta cerca de 3 mil móviles que presuntamente incluyen a columnistas.
Lo anterior, aunado a la investigación que abrió la Fiscalía General de la República en contra de Mario Maldonado, periodista que informó sobre los audios filtrados del fiscal Alejandro Gertz Manero en YouTube.
Lamentablemente, señaló, no se trata de un decretazo que se pueda combatir a través del Congreso, donde el Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados superan en número a la oposición.
Señaló, en este contexto, que hay pruebas suficientes para decir que el presidente y su partido han buscado por cualquier medio censurar a la prensa que se muestra crítica en su forma de combatir a la violencia.
“El presidente, protegido por el Poder Judicial y la CNDH, insulta, difama y lincha a periodistas y medios porque no le gusta su abordaje crítico a temas públicos”, señaló Raymundo Riva Palacio.
Por último, señaló que, al mismo tiempo, la violencia en el país continúa su tendencia a la alza, escenario donde resulta especialmente peligroso que el comportamiento del presidente anime a otros gobernantes a imitarlo en la censura a la prensa.
“12 periodistas muertos en lo que va del año es una prueba, aunque a él se le revuelva el estómago”, concluyó el comunicador en su columna para Ejecentral.
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