Para paliar el 90% de la tasa de desempleo entre las personas trans, María Clemente García, diputada federal por Morena, planteó una modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), esto para otorgar beneficios fiscales a quien emplee a personas de este demográfico.
Específicamente, García Moreno propuso modificar el Artículo 186 de la LISR, mismo que se encuentra en el Capítulo II “De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores”. Dicho artículo, hasta el momento, plantea un incentivo fiscal en la deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quien contrate a personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
En la redacción vigente se especifica que “se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes”, de tal modo que la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) planteó incluir a las personas trans en este Artículo.
Durante la argumentación que presentó en la exposición de motivos, la de Morena recordó que “una persona LGBT+ puede pasar en promedio 10 meses buscando empleo. En México sólo el 5% de las personas transgénero ejercen una profesión y, además, la población trans tiene una tasa de desempleo del 90%”.
Agregó que, ante la estadística tan elevada en materia de desempleo, este demográfico opta por el autoempleo, esto porque las cifras evidencian que el 54.88% de la población trans realiza eso; en contraste, el 25.48% cuenta con un empleo asalariado y el 19.6% no cuenta con trabajo, por lo que el Estado debe de intervenir para que esta población pueda garantizar su derecho al trabajo.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostuvo, los incentivos fiscales a las empresas de América Latina pueden ser un mecanismo adecuado para mejorar la recaudación, acompañado de acciones para procurar un mejor manejo de las finanzas públicas. Y, conforme a lo señalado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), contratar personas con discapacidad o adultas puede ser muy rentable para las empresas gracias a los incentivos fiscales.
Por lo que esta iniciativa podría ser fructífera tanto para las personas trans como para las empresas. Finalmente, el documento fue remitido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictaminar, y a la Comisión de Diversidad para opinión.
Cabe recordar que por el momento se encuentra en sesión la Comisión Permanente, y será hasta que inicie el próximo periodo de sesiones ordinarias en las que la Cámara de Diputados vote lo que determine la comisión dictaminadora de esta iniciativa, para después, en caso de ser aprobada, sea ratificada por el Senado de la República, para que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.
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