Con 11 asesinatos a periodistas, el 2022 se encamina a convertirse en el año más letal para la prensa no sólo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también desde que se tiene registro.
Así lo advirtió Artículo 19 en un reporte realizado junto al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN International; y cuyos análisis apuntan que el móvil de al menos ocho asesinatos fue el ejercicio periodístico de las víctimas.
Asimismo, las organizaciones externaron preocupación por ciertas tendencias en el desarrollo de las indagaciones - en las Fiscalías y dependencias estatales y federales - que podrían tambalear la protección a la libre prensa.
Uno de éstas es la desestimación de la labor periodística del Gobierno Federal, pues dicha conducta incumple el “Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión” - el cual estipula considerar el ejercicio como una de las principales líneas de investigación.
Y es que, cabe recordar, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) aclaró que dos de los asesinatos en el 2022 no son investigados como atentado a la prensa por “demostrarse que los victimados ejercían labores ajenas al periodismo”.
Los casos refieren a Jorge Luis Camero y Roberto Toledo: ambos señalados de haber disentido del ejercicio periodístico para desempeñarse en la función pública (Camero) y en un despacho de abogados (Toledo).
Pero las organizaciones firmantes reprobaron dicha postura al recordar que la calidad de periodista incorpora a todas y todos aquellos que cumplan con la tarea de informar temas de interés público a través de cualquier forma, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por otro lado, también se apuntó a las filtraciones de evidencias en redes y medios de comunicación como potenciales factores para desvincular los asesinatos y redirigir los móviles a vínculos con actividades ilícitas o de otra índole laboral.
Bajo esa línea, las ONG’s manifestaron inconformidad con los informes de “Cero Impunidad” brindados en las conferencias matutinas, pues, argumentaron, sólo se comunica acerca de los crímenes con presuntos responsables y detenidos vinculados a la delincuencia organizada.
“Estas expresiones primeramente revictimizan al desvincular de manera apresurada de su labor periodística. Asimismo buscan eximir de responsabilidades al Estado mexicano”, puntualizaron.
Para determinar a los autores materiales, puntualizó el texto, se necesitan “investigaciones diligentes, objetivas, imparciales y exhaustivas” de las autoridades; mismas que, recalcaron, no recae en presentar públicamente el número de personas detenidas.
De ese último punto deriva, de igual modo, una señal de alerta adicional: las discrepancias entre las declaraciones federales y estatales. Es decir, la falta de comunicación y coordinación entre los niveles de justicia, tal cual sucedió con el asesinato de Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa.
Otro caso que también figura como un actuar deficiente de las autoridades fue la detención fallida de quien se presumía haber sido el autor material del doble homicidio de Yesenia Mollinedo y Johana García, en Veracruz.
“Este tipo de actuaciones además de perpetuar la impunidad, pareciera proteger a los verdaderos agresores, manteniendo sin acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas, sus familias y la sociedad”, condenaron las organizaciones.
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