Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón vinculado al Cártel de Sinaloa, sufrió un nuevo revés en el proceso judicial que persigue por recuperar sus bienes y le fue negado un amparo con el que pretendía salir de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“El Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad México, negó el amparo solicitado por Genaro García Luna, en contra de su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas realizado en 2019”, informó la UIF en un breve comunicado.
De acuerdo con la dependencia, se comprobó ante el juez Roberto Fraga Jiménez que las acciones de bloqueo se hicieron en cumplimiento de un acuerdo internacional para frenar a entidades por posibles delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
“El juzgado consideró que la UIF sí aportó elementos al juicio de amparo que permiten determinar que el bloqueo al sujeto citado, se hizo en cumplimiento de la obligación que tiene el Estado mexicano de realizar medidas de acción rápida para identificar y congelar bienes relativos al lavado de dinero”.
De acuerdo con registros judiciales consultados por Infobae México, la demanda fue presentada el 4 de febrero de 2020, casi tres meses después de que García Luna fuera detenido en Texas y trasladado a Nueva York por cinco cargos relacionados con narcotráfico.
Y el pasado 16 de mayo, la autoridad judicial determinó sobreseer el caso y negar la protección de la justicia al exfuncionario federal, quien continúa preso en la corte de Brooklyn, donde espera su juicio para comprobar los nexos con el Cártel de Sinaloa en acusaciones que lo vinculan por colaborar durante 19 años con el grupo criminal.
En este nuevo revés judicial, la UIF argumentó que Genaro García Luna reclamó con los mismos alegatos una situación similar en otro amparo relacionado con la demanda de desbloquear sus cuentas. De ahí que estimó que las quejas recaían en cosa juzgada.
El congelamiento financiero y la inclusión en lista de bloqueo se realizó el 9 de diciembre de 2019, cuando el exfuncionario federal fue detenido en Dallas. Sin embargo, García Luna alegó que que se enteró de estas acciones a través de su abogado hasta el 19 de enero de 2020.
Aunque le habían enviado un correo electrónico 10 días después de su arresto, eso no significó una notificación formal. Tampoco se consideró fuera de plazo para poder impugnar. Pues el titular de la UIF quiso argumentar que el amparo se había presentado de manera extemporánea.
De acuerdo con la sentencia firmada por Fraga Jiménez, la solicitud de cooperación de autoridades estadounidenses fue firmada desde el 6 de diciembre de 2019, tres días antes del arresto.
Para sostener su demanda, García Luna expuso que el sistema normativo referente al acuerdo 286/2019 violaba formalidades de procedimiento, el principio de presunción de inocencia y se apartaba de la progresividad y de certeza jurídica.
Añadió que las intervenciones de la UIF invadía facultades del Ministerio Público, pero el juez apeló a los casos de excepción determinados en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El pasado 6 de mayo, los fiscales de Nueva York revelaron que la familia de García Luna ha ocultado una riqueza inexplicable, incluso durante su proceso penal. La UIF ha congelado al menos 11 cuentas vinculadas al llamado super policía y pretenden que devuelva 250 millones de dólares.
Con la determinación reciente, el exsecretario de confianza del expresidente Felipe Calderón ve cada vez más lejos sus posibilidades de librar la batalla judicial en México y Estados Unidos. Mientras tanto, su juicio está programado para el 24 de octubre de este 2022.
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