El 75% de los migrantes reportados como desaparecidos y después localizados en territorio mexicano estaban detenidos e incomunicados en las estaciones migratorias del Gobierno, reveló este miércoles un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
“Esto nos refleja que lo que sufren las personas al ser alojadas en este tipo de espacios y en estancias provisionales migratorias es lo que da (lugar) a la desaparición de personas migrantes”, advirtió en una conferencia Xamara Navarrete, encargada de atención jurídica del SJM y coautora del reporte.
La abogada presentó el Informe sobre desaparición de personas migrantes en México con los resultados del Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD) tras 15 años de su creación en México.
La organización ha atendido 1.280 casos de personas desaparecidas desde 2007, con las mayores cifras en 2018, 2019 y 2021, aunque el reporte avisa que no hay un consenso sobre cuántos migrantes han desaparecido en México.
Mientras que el Movimiento Migrante Centroamericano calcula cerca de 80.000 casos de desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno solo reconoce casi 3.000 personas extranjeras no localizadas desde 1964.
La investigación encontró que 71% de los migrantes desaparecidos son de Centroamérica, con Honduras como el mayor país de origen con 29% del total, y 7% son de Suramérica.
Pero también descubrió que 22% de los casos corresponden a migrantes de México.
“Esto quiere decir que es falsa la idea que solo los extranjeros desaparecen en la ruta migratoria, porque tenemos un porcentaje de personas mexicanas”, manifestó Navarrete.
El 96% de los migrantes desaparecidos tenían como destino final Estados Unidos y solo el 4% pretendía quedarse en México.
Política migratoria que criminaliza
La investigación documentó un incremento de 292 % anual de reportes de migrantes desaparecidos en 2021, cuando el SJM atendió 349 casos.
El estado con más reportes con desapariciones es Chiapas, en la frontera con Guatemala, con 18 % del total, seguido por tres entidades fronterizas con Estados Unidos: Tamaulipas, con 16 %; Sonora, con 12 %, y Nuevo León, con 10 %.
El SJM alertó del efecto de la “criminalización” y la “militarización” de la política migratoria en México, donde el Gobierno ha desplegado casi 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y sur para tareas migratorias.
“(Los migrantes) se encuentran con una política que cada vez está siendo estandarizada de contención a la población migrante, de criminalización, de lanzarlos a rutas mucho más inseguras, que los colocan en un estado de vulnerabilidad”, declaró Luis Arturo Macías, director general del SJM-México.
Y los investigadores presumen que los migrantes que no estaban desaparecidos en estaciones migratorias, fueron víctimas del crimen organizado o de las “dificultades” de las fronteras al momento de viajar.
“Hay lugares en donde se encuentran albergues, obviamente, y hay cárteles del narcotráfico que están al acecho de los migrantes para levantarlos e incorporarlos a sus filas. Sabemos que la corrupción existente entre crimen organizado y fuerzas policiales no es un fenómeno nuevo”, ahondó Macías.
El drama humano
El informe refleja por un lado el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021.
Pero también ilustra la crisis de personas desaparecidas en México, donde hay casi 100.000 personas no localizadas, según datos del Gobierno.
Por ello, “la desaparición de personas es una de las principales crisis humanitarias de la región y en México”, indicó Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“No se trata de números o estadísticas, sino que quienes desaparecen son personas de carne y hueso, con sueños y esperanzas, que tienen el derecho a ser buscadas”, expuso.
El especialista enunció como factores de la desaparición los accidentes, las muertes durante su cruce por México, desapariciones forzadas, violencia y la detención en manos de autoridades.
Como principales retos identificó la fragmentación de la información y la falta de un registro confiable y actualizado sobre desaparecidos, que no se garantiza una atención integral a las familias de desaparecidos y la emergencia forense de México.
“Una persona migrante que fallece en territorio mexicano puede convertirse en una persona desaparecida. Para prevenirlo es clave que las autoridades gestionen y garanticen la protección y el trato digno a los cuerpos de las personas fallecidas”, indicó.
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