El agente de la Guardia Nacional que disparó y asesinó a Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, fue dejado en libertad y no resultó procesado con imputaciones que debía sustentar la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lamentablemente el Juez Federal de Control, derivado de la formulación de imputación realizada por la Fiscalía General de la República, dictó auto de no vinculación a proceso al elemento de la Guardia Nacional. Ha quedado en libertad”, informó en un comunicado el rector de la institución Luis Felipe Guerrero Agripino.
La casa de estudios manifestó su sorpresa porque las acusaciones presentadas por tentativa de homicidio ni siquiera coinciden con lo que la misma dependencia de seguridad informó sobre las agresiones en que también fue herida Edith Alejandra Carrillo de 22 años, otra alumna, cuando los jóvenes se desplazaban con otro amigo en un vehículo el pasado 27 de abril en el municipio de Irapuato.
La Universidad de Guanajuato exigió justicia a las autoridades para que realicen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, pues calificó que el ataque fue de tal gravedad contra la comunidad estudiantil.
Tras conocer la determinación, estudiantes comenzaron a planear organizaciones para bloquear la Carretera Federal 45 como protesta por la impunidad del caso en la ciudad donde se encuentra el campus en que cursaba la licenciatura en Agronomía el alumno privado de la vida de un disparo a la cabeza.
Apenas este 29 de abril, la FGR atrajo el caso, pues la Fiscalía de Guanajuato había anunciado previamente que llevaría las indagatorias pertinentes. El agente fue puesto a disposición del Ministerio Público local, pero luego fue turnado a la delegación federal.
Aunque el proceso ya fue concluido en la audiencia inicial, se prevén mayores movilizaciones por parte de los universitarios y también están pendientes las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que comenzó con investigaciones por la queja en el expediente CNDH/2/2022/3962/Q.
Funcionarios de la CNDH contactaron al padre del estudiante que fue acribillado, así como a la dependencia defensora de los derechos humanos de Guanajuato para integrar el expediente y realizar lo conducente ante un caso que mostró posibles violaciones a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. Previamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México manifestó sus preocupaciones por los mismos motivos.
Según el reporte oficial de la Guardia Nacional, los agentes realizaban patrullajes para combatir el robo de hidrocarburos cerca de los ductos de Petróleos Mexicanos, conocido como huachicol, cuando observaron dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin reconocer a sus ocupantes en inmediaciones del poblado Exhacienda el Copal.
Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, aseguró la dependencia, la camioneta en que viajaban los estudiantes y que conducía su amigo Eduardo Ramírez Jorge, se retiró del lugar de manera precipitada, lo que desconcertó al personal policial.
Reportes consignados por Infobae México señalaron que el chofer de la unidad acusó agresiones sin motivo aparente y fue lesionado el copiloto de 19 años por impactos en el cráneo, lo cual causó que perdiera la vida casi de manera instantánea. Su cuerpo fue sepultado este 29 de abril. Mientras que la otra alumna con heridas en el hombro derecho aún no abandonaba el hospital, según los últimos reportes.
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