Autoridades de la Ciudad de México vincularon a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, a las tres integrantes del colectivo “Okupa” señaladas de haber participado en la agresión en contra de una maestra en las afueras de un edificio que mantenían tomado desde el 2020.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) dio a conocer que la evidencia presentada ante el Juez de Control que lleva el caso permitió el inicio del proceso en contra de las tres jóvenes, además de dictarles prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
La autoridad judicial determinó que deberán permanecer en el lugar por lo menos durante 30 días, periodo de tiempo que se proyectó para el cierre de las investigaciones complementarias por el caso.
“En seguimiento a las acciones conjuntas, desplegadas por la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para recuperar un inmueble de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico, el cual estuvo ocupado durante 19 meses por diversos grupos, esta tarde, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de tres mujeres que fueron detenidas durante el despliegue policial y ministerial realizado el pasado viernes”, informó Ulises Lara, vocero de la FGJ.
Tras la viralización del video del ataque en contra de una maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agentes de la fiscalía y de la SSC realizaron un cateo en el lugar después de haber recibido la orden de un juez, por medio del cual lograron la detención de tres de las cuatro implicadas.
De la misma forma, en el lugar se encontraron contenedores con sustancias ilícitas, las cuales se presume que hayan sido adquiridas para su comercialización, lo cual derivó al proceso en contra de las tres mujeres por delitos contra la salud.
La Fiscalía también dio a conocer que las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que habían sido ocupado desde 2020, fueron entregadas de manera formal a los administradores de la organización.
Ulises Lara también realizó aclaraciones sobre un video publicado en redes sociales por parte de la defensa de las tres mujeres, en el cual se señaló una presunta fabricación de delitos por parte del personal de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez.
“En dicha grabación, que no ofrece ningún contexto y es difundida parcialmente, se escuchan instrucciones genéricas a los elementos policiales para que individualicen las evidencias, con la finalidad de formalizar la acusación sin violentar los derechos fundamentales de las imputadas”, manifestó el funcionario.
Mediante el material audiovisual difundido, se pudo escuchar a un presunto agente de la fiscalía dar instrucciones para que se le asignara un cierto número de paquetes de droga a cada una de las imputadas, esto con el fin de diferenciarlas y evitar presuntas confusiones, lo cual sería justificado bajo un “fallo del sistema”.
Por su parte, las autoridades aseguraron que “los supuestos argumentos vertidos en el video no corresponden con la realidad”, ya que la evidencia que las incrimina fue recolectada en el lugar de los hechos y no en las instalaciones del Ministerio Público, por lo cual el hecho documentado no tiene relevancia judicial.
El video de lo ocurrido no fue presentado ante el Juez de Control en la primera audiencia por el caso, lo cual según la FGJ “demuestra que no se documentaron actos contrarios a la Ley durante su realización”.
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