Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, celebró que la Cámara de Diputados aprobara, por unanimidad, la reforma a la Ley General de la Salud (LGS) que promueve cambios en materia de salud mental y tratamiento contra las adicciones, de tal modo que el epidemiólogo de la UNAM hizo uso de sus redes sociales este martes 5 de abril para remarcar su entusiasmo y aplaudir el trabajo de las facciones parlamentarias que hicieron esto posible.
En el hilo que publicó en su cuenta oficial de Twitter, agradeció “por su labor para poner la salud mental al centro de las políticas públicas de bienestar” a Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa); a Juan Manuel Quijada, líder de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP); y a Gady Zabicky, encargado de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
Y es que con una manifestación, en lo general de 471 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones; y, en lo particular, de 358 votos a favor, 107 en contra y cero abstenciones, el pleno de San Lázaro aprobó las modificaciones de la LFG que permitirán mejorar la atención a personas que vean vulnerado su salud mental, así como promover esquemas de prevención y atención temprana a quien así lo necesite.
Esta reforma señala que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución Política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
De entre los cambios que se harán en el sector, se estipuló que aquellas instituciones hospitalarias de naturaleza psiquiátrica que cuenten con las condiciones adecuadas, tendrán un periodo de 180 días naturales para cambiar a centros terapéuticos para la atención de la salud mental y adicciones.
Indica, además, que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas.
A esto se suma la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad y la expresión de género, la filiación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Estipula que la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.
Resalta que una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos.
En situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento, en un momento específico, por ningún medio, no exista un documento de voluntad anticipada, y su salud se encuentre en tal estado que, si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario.
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