Varias organizaciones de la sociedad civil pidieron este lunes “justicia y reparación del daño” para el caso de la migrante salvadoreña que fue asesinada en marzo de 2021 por cuatro policías en Tulum, en el estado de Quintana Roo.
“A un año del feminicidio de Victoria Salazar, mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México desde 2018, las autoridades (...) siguen dilatando la celebración de la audiencia del caso, al suspenderla sin previó aviso a quienes representan legalmente a la familia, mientras que la investigación carece de perspectiva de género y exhaustividad, dando lugar a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia para la familia de Victoria”, expresaron en un comunicado.
El 27 de marzo de 2021, la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue asesinada por cuatro policías en Tulum.
La muerte de Salazar, grabada en video, causó indignación en México y El Salvador y motivó protestas de organismos internacionales y grupos que acusaron a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia, además de reclamos de El Salvador.
A principios de abril, las autoridades mexicanas vincularon a proceso penal a cuatro policías, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio en contra de Victoria.
En agosto de 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que solicita, entre otras cosas, una disculpa pública, atención médica y psicológica para la familia y el reconocimiento como víctimas. Esta, aseguraron, “ha sido ignorada por las autoridades”.
Para las representantes legales, “aunque la Recomendación no contempla la opinión de las víctimas indirectas, no tiene una perspectiva de género ni transnacionalidad, no establece los mecanismos para el cumplimiento de esta, no contempla los tiempos del proceso legal en la disculpa pública, y no hace hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva, después de siete meses de emitida no se observa el mínimo esfuerzo de las autoridades por cumplirla”.
Agregaron que la búsqueda de justicia que encabezan no se limita al caso de Victoria, sino que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que México “no les garantiza la protección y el acceso a la justicia, por el contrario, las violenta reiteradamente al invisibilizarlas, discriminarlas y perpetuar la violencia institucional”.
El comunicado está firmado por la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (Asilegal), el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Asylum Access México, organizaciones que acompañan a la familia y documentaron las inconsistencias en el proceso penal.
Victoria Esperanza Salazar Arraiza era una madre soltera, originaria de El Salvador, que dejó su país en 20016 acompañada de sus dos hijas para encontrar una mejor vida, sin embargo, solo encontró muerte.
Tenía 36 años de edad y era originaria de Sonsonate. Había salido de su hogar con la esperanza de llegar a Estados Unidos con sus hijas de 15 y 16 años, respectivamente, quienes ahora quedaron huérfanas.
“Ella como era madre soltera, entonces ella aquí no encontraba un empleo digno, un trabajo, entonces por eso se fue por un mejor futuro de las niñas, de sacarlas adelante”, dijo su madre, Rosibel América Arraiza, para el medio extranjero, El Salvador.
No obstante, al ver lejana la posibilidad de cruzar Estados Unidos solicitó en Tapachula, Chiapas, una visa humanitaria. En 2018, ya siendo reconocida como una refugiada (con el documento 11598479) viajó al estado de Quintana Roo, en donde encontró trabajo como intendente de un hotel de la zona turística de Tulum.
Su hermano René Olivares, señaló para el citado medio extranjero, que la prioridad de Esperanza era criar a sus hijas y darles estudios, por eso habría comenzado a trabajar en esa entidad y buscaba vivir por completo en México.
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