La ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, se convirtió nuevamente en escenario de violencia.
El pasado fin de semana, la activista y abogada Patricia Rivera Reyes, defensora de los derechos de las comunidades indígenas del norte de México, fue asesinada de un disparo en la cabeza, así lo dieron a conocer autoridades estatales.
Rivera Reyes, de 61 años, murió la noche del sábado en un domicilio de la delegación Los Pinos de Tijuana, estado de Baja California, informó la Fiscalía estatal.
De acuerdo a declaraciones aportadas por una testigo, Rivera Reyes se encontraba con otras personas en medio de una festividad cuando tres hombres armados, con vestimentas oscuras y encapuchados, ingresaron a la vivienda y sometieron a los asistentes, a quienes les exigieron que les entregaran sus pertenencias.
Luego que la activista reclamó que le devolvieran su teléfono celular, uno de los delincuentes se giró hacia ella y le disparó en la cabeza, precisó la Fiscalía estatal.
En el hecho también resultó lesionado por disparo de arma de fuego un hombre identificado como José “N”, a quien los atacantes le dispararon en la cabeza y el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital.
Integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) condenaron el asesinato de Rivera Reyes y exigieron que el crimen sea esclarecido.
Representantes de organizaciones ciudadanas de Tijuana también manifestaron su repudio e indignación por el homicidio de la defensora de los derechos indígenas.
De acuerdo con el diario La Jornada de Baja California, Patricia Rivera Reyes era licenciada en turismo y maestra en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Se especializó en garantías individuales en Madrid y se integró al Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, así como consejera de la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California.
En las dos últimas décadas se dedicó a la defensa de comunidades originarias de la península de Baja California, en particular los kumiai y los cucapá.
A inicios de año, el actual gobierno federal reconoció que 97 defensores de derechos humanos y 52 periodistas habían sido asesinados durante la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, admitió que más del 90% de los asesinatos de activistas y periodistas no son sancionados.
En lo que va de este 2022, siete periodistas mexicanos han sido asesinados, por lo que ha sido considerado el año más violento para la prensa en décadas.
El último periodista que fue asesinado en México fue Armando Linares, hecho ocurrido el pasado 15 de marzo.
Linares López, quien era director del portal informativo Monitor Michoacano, fue asesinado a balazos en su domicilio, ubicado en la cabecera municipal de Zitácuaro, Michoacán.
Anterior al homicidio de Armando Linares fueron asesinados Juan Carlos Muñiz Ledesma, el pasado 4 de marzo en Zacatecas; Heber López Vásquez, muerto en Oaxaca el 10 de febrero; José Luis Gamboa, (10 de enero en Veracruz), Margarito Martínez (17 de enero) y Lourdes Maldonado (23 de enero), en Tijuana, Baja California; y Roberto Toledo (31 de enero), en Zitácuaro, Michoacán.
El día del asesinato de Toledo, Armando Linares informó en un video difundido en redes sociales que su colega había recibido amenazas de funcionarios del ayuntamiento de Zitácuaro por revelar actos de corrupción.
Con información de agencias
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