
Al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa le fue negada por cuarta ocasión y definitiva un juicio para ampararse de cualquier orden de aprehensión que se haya girado en su contra. La defensa del imputado buscaba protegerse de cualquier nueva disposición legal.
El Juzgado Decimosexto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México mediante uno de sus jueces rechazó la demanda el exfuncionario que se encuentra culpado de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Actualmente, el expriísta se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la capital mexicana en cumplimiento de una pena de nueve años que le fue impuesta tras declararse culpable en en 2018.

En diciembre de 2021, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Duarte de Ochoa por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada que fue girada por un juez en el estado de Veracruz. Tras este hecho, la defensa puso en marcha el primero juicio de amparo, mismo que fue desechado.
“Se niega la suspensión definitiva solicitada por Javier Duarte de Ochoa, en contra de la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o localización y/o presentación y su ejecución, que atribuyó al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Acayucan, Veracruz y otras autoridades”, comentó en árbitro que rechazó el amparo.
Según la información presentada por las autoridades, el exgobernador entorpeció e interfirió en las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos y desapariciones que resultaron en la muerte de 19 personas, cuyos restos fueron encontrados en la barranca La Aurora, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata de la entidad veracruzana.

Están por cumplirse cinco años desde que Duarte fue detenido. En abril de 2017 las autoridades mexicanas informaron de su detención en territorio guatemalteco como consecuencia de trabajos colaborativos entre ambos países. Luego de su captura en el municipio de Panajachel fue procesado y extraditado a México.
En aquel momento, el mismo Duarte sostuvo que era su voluntad ser extraditado para probar su inocencia ante las instituciones pertinentes. “He decidido allanarme con relación a los delitos federales que me imputan, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país”, fueron sus palabras todavía en tierras centroamericanas.
Una vez en México, fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México en donde se le leyeron los delitos por los que se le imputaba. Tras dos audiencias, un juez federal determinó vincularlo a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada. Posteriormente, durante el segundo semestre de 2018, Javier Duarte se declaró culpable de los cargos.
La pena otorgada fue de nueves años en prisión y una multa de 58 mil 890 pesos. Otra de las medidas que dictaron las autoridades fue el decomiso de 40 bienes inmuebles relacionados a él. El comienzo de su sentencia privado de la libertad fue considerada a partir de abril de 2017.
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