
Este jueves 17 de febrero, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro presentaron tres puntos de acuerdo en los que se promueve el libre ejercicio de los derechos a la educación, salud y la libertad de expresión.
Annia Sarahí Gómez, presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a Pedro Zenteno Santaella, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); a Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); y al encargado del Órgano Interno de Control del ISSSTE a que investiguen el uso de recursos en el sector salud y realicen las acciones necesarias para garantizar el pleno y eficiente aprovechamiento de los mismos.
Esto en un contexto donde México se encuentra en un declive en la incidencia epidemiológica del COVID-19, ya que en la llamada cuarta ola, se manifestó un descenso en los casos, por lo que esta petición fue turnada a la Comisión de Salud.

Bajo esta misma lógica de auditoría, Rocío Esmeralda Reza, secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió a la Comisión de Educación un punto de acuerdo para solicitar al presidente López Obrador que, mediante las secretarías de Educación Pública (SEP), Hacienda y Crédito Público (SHCP), un informe que detalle las acciones implementadas para combatir la deserción en todos los niveles educativos.
Asimismo, solicitó que se le explique las medidas implementadas por el gobierno federal para apoyar a las escuelas afectadas a causa del vandalismo, así como aquellas enfocadas a garantizar las condiciones de salud de los alumnos que acuden de manera presencial a clases.
Finalmente, María Elena Pérez-Jaén, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con la intención de exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que garantice y respete la libertad de expresión, leyó una proposición para que no utilice las instituciones del Estado mexicano para perseguir, presionar y hostigar a los periodistas.
Además que, en estricto apego a la legislación aplicable, respete el derecho a la protección de los datos personales del que gozan constitucionalmente todos los ciudadanos, esto en el contexto de que recientemente el mandatario nacional solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que investigue los bienes de Carlos Loret de Mola. Esta petición fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población, presidida por Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cabe recordar que en este último punto, Justino Eugenio Arriaga, también del albiazul, exhortó a AMLO a cesar sus ataques a la prensa, particularmente a Carlos Loret de Mola y a Carmen Aristegui y señaló que lo que se vive en México sólo puede definirse como “una tragedia para la prensa, para las y los periodistas, para el derecho de la libertad de expresión, para la democracia y para todos quienes habitamos en este país”.
Por lo que manifestó su solidaridad a todos los miembros de la prensa y condenó la violencia física y moral ejercida contra las y los comunicadores de México. Bajo esta lógica, aseguró que este tipo de actos lesionan la sociedad, pues “inhiben la difusión de ideas y opiniones de información y, además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general”.
Ante esta lógica, el PAN comparó lo ocurrido en México con la represión que se ejerce en Venezuela, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua, y sentenció que “una sociedad sin información es una sociedad que no tiene herramientas para discernir si lo que sucede en su entorno le afecta y tampoco puede crearse un juicio crítico sobre la actuación de su gobierno”.
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