La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que México y Estados Unidos crearon un Grupo de Trabajo sobre Tráfico de Armas que forma parte del plan de seguridad “Entendimiento Bicentenario”.

De acuerdo con Roberto Velasco, jefe para América del Norte de la SRE, se trata del inicio de un programa binacional que busca incrementar de forma significativa el número de decomisos de armas y municiones ilegales que alimentan al crimen organizado por la frontera común, así como el enjuiciamiento a los traficantes

Y es que en conferencia de prensa señaló que reducir el flujo ilícito es una de las prioridades para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de la construcción de paz.

Entre otros acuerdos, se destacó agilizar la judicialización de casos, aumentar las extradiciones hacia ambos países, fortalecer los operativos espejo en la frontera común, trabajar en conjunto para modernizar la tecnología de inspección en la frontera y aumentar el intercambio de información balística y de inteligencia.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó que este grupo de trabajo es producto de meses de trabajo y consideró que a veces “se critica que no está pasando nada contra la violencia, pero la realidad es que hay mucho que está sucediendo”. Incluso, aseguró que fue una iniciativa de los presidentes López Obrador y Joe Biden, quienes están comprometidos “a trabajar mano a mano contra la violencia”.

Sin embargo, el ex senador demócrata por Colorado reconoció que hasta hace poco el problema del trasiego de armas hacia México no era algo que EEUU viera como un problema.

Sin embargo, indicó que ahora, en el contexto del Entendimiento Bicentenario, ambos países consideran que este “es un problema de las dos naciones y la solución es de las dos naciones”.

En la reunión, por parte del gobierno de Estados Unidos participaron Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos; Stephanie Syptak-Ramnath, jefa de misión adjunta, Embajada de Estados Unidos; Christina Vejar, agregada del Departamento de Justicia; Angel Catalan, agregado del FBI; Edgar Ramírez, agregado de DHS; por mencionar algunos.

Mientras que por México estuvieron Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC; Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en la FGR; Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE; vicealmirante José Barradas Cobos, subjefe operativo del Estado Mayor de la Armada de México; María De Haas Matamoros, encargada de la oficina del canciller en materia de tráfico de armas, entre otros.

El pasado 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda ante una Corte del Distrito de Massachusetts contra las 10 grandes compañías fabricantes de armas, a las que acusa de prácticas negligentes y de ser consciente de que sus productos se trafican ilegalmente al país para abastecer a los grupos del crimen organizado.

La demanda fue presentada contra fabricantes como Smith & Wesson, Century Arms, Colt´s Manufacturing, Glock, Ruger y Barrett, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra utilizada por los cárteles de la droga.

El 22 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución presentada por México contra el tráfico de armas, la cual condena la distribución de armas que resultan en suministros a agentes no estatales y refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacional.

Ante esto, el pasado 14 de enero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue nombrado como “Persona del año” en Control de Armas 2021.

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