El diputado del PT, Héctor Serrano Cortés, amenazó a la periodista Margarita Zacarías, de CRM Noticias, a quien deslegitimó tras cuestionarlo sobre la ley que regula el uso de la Inteligencia Artificial en San Luis Potosí.
De acuerdo con el testimonio de Margarita Zacarías, durante la protesta del 23 de junio dentro del Congreso estatal contra la reforma al Código Penal que regula la IA, Serrano Cortés descalificó su labor al afirmar que “para ser periodista hay que estar acreditado”, y la etiquetó como “activista política”.
La reportera, quien grabó todo porque le estaba realizando una entrevista, aseguró que el diputado sugirió que quienes lo critican se exponen a amenazas legales. Aunque posteriormente Serrano aclaró que “ya las demandas que están, están” y que “no se preocupe, no hay ninguna demanda para usted”, la amenaza estaba hecha.
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Al respecto, la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica denunció el hecho y señaló el contexto de criminalización actual contra la prensa en la entidad.
De acuerdo con la organización, desde la aprobación de la llamada Ley Serrano, al menos 16 periodistas han sido perseguidos penalmente en la entidad, lo que expone el uso de figuras penales ambiguas para intimidar a la prensa.
La Ley Serrano en San Luis Potosí abrió procesos penales contra periodistas
La reforma al Código Penal en San Luis Potosí tipificó como delito el uso de inteligencia artificial con fines considerados ilícitos.
Actualmente, de acuerdo a los reportes de Article 19, quien ha seguido puntualmente el caso, existen procesos judiciales abiertos contra comunicadores por supuesta manipulación digital y uso indebido de IA, entre ellos Eréndira Reyes Aguillón, Alejandra Hermosillo y Christian Herrera, quien permanece en prisión preventiva. Las acusaciones incluyen delitos contra la identidad, difusión ilícita de imágenes y extorsión.
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Article 19 señaló que la redacción imprecisa de la ley permite un uso discrecional del aparato judicial, lo que facilita silenciar o intimidar a periodistas.
Durante la entrevista publicada por CRM Noticias, realizada el 23 de junio desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí, Margarita Zacarías cuestionó al legislador sobre la ambigüedad legal en la ley sobre qué perfil es considerado periodista.
Serrano sostuvo que solo quienes cumplen con “los cánones del periodismo” y la objetividad pueden asumirse periodistas. Insistió, de una manera prepotente, que “no cualquiera se asume periodista” y que quienes lo critican corren el riesgo de enfrentar procesos legales: “No voy a discutir con ustedes, ya di mis declaraciones. Lo que quieran, en el juzgado”, declaró ante medios.
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“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado estándares sobre la definición de periodista: esta debe ser amplia y basada en la función social, no limitada a un estudio o identificacion. La libertad de expresión y el derecho a la información son condiciones mínimas y necesarias de cualquier estado democrático: sin periodistas que puedan preguntar, cuestionar y confrontar al poder sin temor a represalias, se erosiona la capacidad de la ciudadanía de exigir cuentas a sus autoridades”, señala Article 19.
Periodistas se manifiestan en el Congreso local contra Ley Serrano
El martes 23 de junio de 2026, cerca de 200 personas marcharon desde la Alameda Juan Sarabia hasta el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Al llegar a la sede legislativa, los manifestantes derribaron las vallas de seguridad y forzaron la entrada al recinto en protesta contra la Ley de Inteligencia Artificial.
Entre las principales demandas, los participantes señalaron que la legislación penaliza la libertad de expresión al no diferenciar entre la sátira, los memes y la desinformación. Consideran que la redacción ambigua de la ley favorece la criminalización del trabajo periodístico y limita el derecho a la información.
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Durante la protesta, diversos comunicadores denunciaron la existencia de detenciones arbitrarias y la apertura de carpetas de investigación con base en el nuevo Código Penal. Sostuvieron que estas acciones ya han resultado en el encarcelamiento de periodistas y en procesos judiciales abiertos contra al menos una decena de personas.
Tras la presión social, el Congreso local decidió posponer hasta septiembre de 2026 cualquier modificación o derogación de la ley. Las autoridades legislativas se comprometieron a organizar foros ciudadanos para discutir posibles cambios a la normativa en materia de inteligencia artificial y libertad de prensa.
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