El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la petición del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que Michoacán sea incluido en el programa que busca regularizar autos de procedencia extranjera y cuyo alcance estaba contemplado para siete entidades de la frontera con Estados Unidos.
“Vamos a cumplir con esa demanda, con esa petición, de que todos los carros que no tengan papeles, que hayan introducido nuestros paisanos para los trabajos del campo, también para transportar a sus familias, llevar a sus hijos a la escuela, todos los vamos a regularizar”, aseguró López Obrador.
Durante su visita para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en Zitácuaro, el mandatario concedió la solicitud al Ejecutivo estatal de su partido, pero solo aplicará para los vehículos que entren o ya se encuentren en México hasta el 31 de diciembre de este 2021.
El presidente precisó que los michoacanos en Estados Unidos envían a México de 100 a 120 mil millones de pesos anuales, lo cual representa una cantidad superior al presupuesto asignado a la entidad, que ronda en los 80 mil millones de pesos.
Ramírez Bedolla argumentó que Michoacán es un estado migrante y los ciudadanos que salen a trabajar en Estados Unidos aportan con remesas para el progreso del país. Además, que muchos campesinos utilizan los llamados autos chocolate para sus actividades diarias.
“Michoacán recibe remesas, estamos recibiendo este mes a nuestros paisanos, a nuestros héroes paisanos, pero también recibimos vehículos, trocas, para el trabajo agrícola”, añadió el morenista.
El anuncio se ha dado en medio de una ola de rechazos al gobernador michoacano, porque ha propuesto el cobro de reemplacamiento vehicular para 2022, iniciativa en la Ley de Ingresos que busca recaudar mil 444 millones de pesos.
Además de ese impuesto, ahora podrá sumarse una segunda cuota, aquella de regularización de los autos chocolate y cuyo monto rondará los 2 mil 500 pesos. El gobierno federal ha dicho que lo recaudado será para reparar vialidades.
López Obrador suscribió el acuerdo el pasado 16 de octubre y en un inicio solo se explicó su alcance a las unidades ubicadas en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con la nueva decisión se establece Michoacán como el octavo beneficiado.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha argumentado que se busca dar certeza patrimonial a los dueños de estos vehículos, pero sobre todo, que se tenga claridad de quienes los adquirieron, porque la delincuencia organizada se ha valido de los autos irregulares para cometer asesinatos y otros delitos.
“Con la regularización y registro de estos autos de procedencia extranjera podremos tener un padrón confiable para identificarlos y evitar que sean utilizados por bandas criminales de forma anónima”, explicó Rosa Icela Rodríguez en octubre pasado desde Ensenada, Baja California.
“Sabemos que mucha gente decide comprar estos vehículos y los usa para llevar a sus hijos a las escuelas, para su jornada laboral en el campo o para realizar sus actividades cotidianas. A ellos también les queremos dar certeza jurídica en su patrimonio para evitar extorsiones”, añadió en aquel entonces.
Desde 2013, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autopromotores (AMDA) anunció que dichos autos frenan el desarrollo automotriz en el país y de acuerdo con sus cifras, uno de cada tres automóviles se encuentran en esta situación.
Por otra parte, muchos de estos vehículos suelen ser de desecho o reconstruidos tras el paso de huracanes en Estados Unidos o Canadá y no son aptos para circular. En 2006, el gobierno de Vicente Fox permitió la legalización de autos usados importados, lo que ocasionó que arribaran a México más de un millón de autos de Estados Unidos, además de que la medida ocasionó una caída en la venta de automóviles en un 30 por ciento.
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