Actualmente, dicho banco es dirigido por Diana Álvarez, quién adjudicó de manera directa el contrato de esa institución a una la empresa BAHUD PROCESSING MEXICO S DE RL DE CV, filial de la firma panameña Global Recash S.A. de C.V. y de acuerdo con el columnista Mario Maldonado, “se trata de la licitación clave DJN-SCOF-1C.10-06-2021-050″ la cual refiere a los “Servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito con el fin de promover la bancarización y la inclusión financiera”.
En dicho contrato se establece que los servicios de este concurso se ejecutaran en el periodo del 11 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2024. Así mismo cabe señalar que a la misma firma de Global Recash S.A. de C.V. se le favoreció con un contrato multianual por 5 millones 939 mil 999 pesos, apenas en septiembre pasado.
Anteriormente dicha dependencia del gobierno ya ha entregado contratos de montos onerosos y que duran varios años a otras empresas. Tal es el caso de Vivcolmex que, de acuerdo con Mario Maldonado, era el más caro hasta ese momento, y se generó con el propósito de instalar 8 mil cajeros automáticos, por hasta 10 mil 800 millones de pesos. El contrato se canceló anticipadamente luego de que la titular recibiera fuertes críticas respecto al manejo del dinero.
Ahora, el monto de ese entonces fue superado con el nuevo contrato de 18 mil millones 313 mil 360 pesos, con el que se pretender hacer el manejo de datos a través de la nube. La empresa se constituyó en 2018 según el Registro Público del Comercio tiene a Alfredo José Urcuyo Fernández y Global Recash, S.A. de C.V. como sus únicos accionistas.
De acuerdo con la investigación del periodista “Al interior de la banca de desarrollo se maneja el nombre de Alfredo Orellana Moyao, quien funge como mano derecha de la directora del banco, como el principal impulsor de la adjudicación.” Este personaje ya tiene antecedentes por su papel en la administración pública. Esta el caso de la compañía Rivera Gas que denunció a funcionarios de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por presuntos actos de corrupción, siendo él Director Jurídico. Sumado a ello esta su paso por la Fepade “en lo que pareció un acto para dar carpetazo a las investigaciones sobre el caso Monex por presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.”
Es importante señalar que dentro de los procesos que existen para la contratación de servicios a empresas existe diferentes modalidades, las cuales dependen de las circunstancias bajo las que se de el contrato, por ejemplo puede ser por adjudicación directa o someter a las empresas participantes a un concurso de licitación ya sea privada o pública.
En este caso, la adjudicación directa se dio porque “de acuerdo con información de Compranet, el Banco del Bienestar argumentó el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, que permite la adjudicación (directa) cuando no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos”.
El periodista retomó un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad en el que se dio a conocer que el gobierno gasta uno de cada dos pesos en adjudicaciones directas o en concursos con invitación restringida. Sumado a ello el IMCO también detectó instituciones federales que, en 2020, favorecieron los procesos de excepción sobre la licitación pública.
Entre ellas se encuentra el Birmex, el Insabi, la Marina, la Función Pública y Diconsa las cuales son instituciones que usan las adjudicaciones directas de manera frecuente.
Es importante señalar que Banco del Bienestar es una institución de desarrollo dependiente del Gobierno de México y uno de los principales proyectos de la administración actual. En 2018 sustituyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y pese a su relativamente corta existencia, de acuerdo con la investigación, " ya ha firma de 63 contratos, de los cuales 33 de ellos han sido por adjudicación directa, 15 por licitación pública y 10 a través de invitaciones restringidas. El resto son contratos entre entes públicos.”
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