
Este jueves 18 de noviembre Salma Luévano, diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), propuso, desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, esto para garantizar la representación de grupos vulnerables en cargos de elección popular.
La iniciativa relativa a la inclusión de cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad promueve asignaciones del 20% de candidaturas a cargos públicos y en nombramientos de cargos por designación. Cabe recordar que, históricamente, estos grupos han sufrido de discriminación sistemática en territorio nacional, por lo que promover mecanismos para contrarrestar este efecto, incentiva la inclusión de todo un sector de la sociedad.
Al tratarse de un tópico amplio, la propuesta se remitió a la Comisión de Reforma Político-Electoral para dictamen, y a la Comisión de Diversidad, para opinión.

Bajo una óptica similar, Emmanuel Reyes, también del partido guinda, presentó una iniciativa que obliga al Estado garantizar el ejercicio del voto para personas con discapacidad. Esto al promover una adición al Artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con la propuesta de Reyes Carmona, el gobierno se vería obligado a garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos con alguna discapacidad física, visual, o motriz, ya sea de manera temporal o permanente.
Cabe recordar que dicho artículo es el encargado de establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales. Dicha iniciativa también será revisada por la Comisión de Reforma Político-Electoral.

Aunado a esto, bajo este esquema de inclusión y equidad, Marco Antonio Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó dos reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con la finalidad de garantizar que toda persona es igual ante la ley y que son ciudadanos de la República “las personas”.
La importancia de materializar esta reforma radica en la inclusión de las personas que se consideran no binarias, pues en la Carta Magna está escrito que la adquisición de derechos es para hombres o varones y mujeres.
Por ejemplo, en el Artículo 4° constitucional se especifica que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

Mientras que el 34 establece el reconocimiento de la ciudadanía a “varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir”.
Finalmente, la diputada Azucena Camacho, de Regeneración Nacional, propuso otra modificación al Artículo 4°, para garantizar el acceso universal a la seguridad social sin importar las condiciones de vida o laborales de las y los ciudadanos.
Para efectos de este objetivo, Camacho Reynoso indicó que se expedirá la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social, esto con la intención de que las dependencias encargadas de la seguridad social coordinen sus acciones bajo los principios de “universalidad y solidaridad”.
De tal modo que se espera establecer medidas que protejan, garanticen y hagan efectivo este derecho. Al tratarse de una reforma a la CPEUM, la propuesta fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su correcta dictaminación. Con lo que las propuestas de este jueves van encausadas a la promoción de la inclusión indiscriminada de diferentes sectores sociales en México para la garantía del ejercicio libre de derechos y representación pública.
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