
Una a una caen las fichas del tablero sobre el caso Odebrecht. El próximo lunes 8 de noviembre, el ex presidenciable, Ricardo Anaya está llamado a comparecer por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
La audiencia se realizará a las 09:00 horas (GMT-6) vía remota. Anaya deberá estar acompañado de sus abogados y en territorio mexicano.
Ricardo Anaya fue inculpado por el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin —hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México— de haber recibido sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht para votar a favor de la reforma energética.
El pasado mes de septiembre, el panista presentó una serie de cuatro capítulos en los que buscaba desmentir las acusaciones en su contra vertidas por Lozoya. “Toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador”, señaló.
Anaya lanzó alegatos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló de quererlo meter a la cárcel con puras mentiras. “Se te está cayendo a pedazos el teatrito”, dijo.
Rodeado de decenas de cajas —las cuales ha dicho, contienen las hojas que integran su expediente— el político panista enlistó las deficiencias en las declaraciones de la FGR respecto a su caso. Subrayó que mientras el órgano mexicano asegura que los sobornos de Odebrecht eran para votar a favor de la reforma energética —aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto—, una investigación paralela realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, detalla que los recursos ilícitos de la compañía eran para la concesión de obras públicas en México.
Anaya remarcó que por esos contratos Odebrecht obtuvo una ganancia de USD 39 millones.

“Los estadounidenses valoraron las pruebas con seriedad. Primero, revisaron los sobornos de esa misma empresa en otros países y en todos los casos se trata de contratos de obra pública, no de sobornos para hacer leyes”, expresó.
El pasado 28 de septiembre, Anaya realizó la primera entrega de cuatro sobre evidencias que avalan su “inocencia”. El político —que buscaría la presidencia en 2024— señaló una serie de incongruencias en el caso. La primera corresponde a las fechas.
De acuerdo con la FGR, Anaya recibió un soborno para votar a favor de la reforma energética en agosto de 2014; sin embargo, el político dejó de ser diputado en marzo de ese mismo año. Anaya también subrayó que fue en diciembre de 2013 cuando votó por la reforma. “Le compraron el voto a alguien que ya no tenía voto?”.
Anaya se desmarcó de la acusación a través de una petición hecha por él mismo a la Cámara de Diputados que responde a una descripción detallada de cómo y cuándo recibió el soborno.
La fiscalía alega que el ex presidenciable cobró dinero en efectivo en el sótano de la Legislatura, ubicada en la calle Emiliano Zapata. La entrega, se lee, fue hecha por un jefe de Estado (Norberto Gallardo) que manejaba un vehículo Charger blanco.
La respuesta de la Cámara de Diputados a Ricardo Anaya fue que no contaban con ningún documento, fotografía y/o registro que evidenciara aquel hecho descrito por la FGR.
El tiempo se agota para un Ricardo Anaya que se muestra confiado y seguro de su inocencia. En próximos días su proceso va a definirse
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