El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este viernes al extinto partido Fuerza por México, encabezado por Gerardo Islas, a regresar en cinco días casi 34 millones de pesos que gastaron sin autorización.
A través de un documento, también solicitó mancomunar sus cuentas bancarias, suspender la entrega de prerrogativas restantes tanto locales como federales e iniciarles un proceso administrativo.
El proyecto aprobado señala que el 20 de octubre, el interventor del partido manifestó que hasta el 30 de septiembre, Fuerza por México dispuso de recursos sin su autorización a pesar que un mes antes había perdido su registro por no lograr el 3% de la votación nacional y el dinero estaba sujeto a vigilancia y autorización del interventor.
Sin embargo, el organismo político liderado por Pedro Haces realizó 140 pagos por concepto de “proveedores” por un total de 33 millones 920,104.06 pesos.
Se menciona que Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, secretario de Administración y Recursos Financieros de Fuerza por México, fue quien realizó pagos a proveedores sin la autorización del interventor.
Por ello, el INE consideró que de permanecer esta situación en el estado en que se encuentra, se podría estar realizando gastos sin autorización, ante lo cual pidió que la Comisión de Fiscalización tome medidas en atención a la solicitud del interventor, a fin de salvaguardar el patrimonio remanente del partido.
Ante ello solicitó: “Debe requerirse a los CC. Ángel Gerardo Islas Maldonado, Alma Lucia Arzaruz Alonso y Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, presidente, secretaria general y secretario de Administración y Recursos Financieros, respectivamente, del Partido Fuerza por México, para que reintegren los gastos erogados por la totalidad de los montos que se describen en la relación que se anexa basada en la información proporcionada por el Interventor y apercibir a los funcionarios del partido”.
Por lo anterior, el INE pidió al interventor realizar una revisión exhaustiva a los estados de cuenta y demás documentos de los que se pueda desprender el monto total de los recursos erogados sin su autorización, a fin de determinar si existieron otros gastos ilegalmente realizados que no le hubieren sido reportados al interventor, ni registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.
La consejera Carla Humphrey destacó la importancia de mandar un mensaje claro a la ciudadanía, en el sentido de que el INE cuida los recursos públicos y va a tomar todas las acciones para que se rindan cuentas y el dinero que deba ser devuelto al Estado llegue hasta la Tesorería de la Federación (Tesofe).
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