Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que Mario Aburto recibiría protección del Estado si llegara a proporcionar otra perspectiva de los hechos en el caso de Luis Donaldo Colosio; esto, bajo el supuesto que estuviera amenazado para no declarar “la versión oficial” del asesinato por el que se le imputa.
El mandatario expresó que las declaraciones del llamado “asesino solitario” serían actos de justicia hacia el ex candidato asesinado en 1994, cuya resolución, expresó, es de interés para el Gobierno que preside: “A nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda o sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio (...) Fue una vileza lo que le hicieron”, sentenció en su conferencia de prensa.
Por el contrario, si Mario sostiene las versiones registradas por la Fiscalía General de la República (FGR) en su actual juicio, Andrés Manuel se comprometió a que no se violarían sus derechos humanos: “Tiene todo el apoyo”, recalcó.
El pasado 27 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México recomendó a la FGR realizar una nueva investigación del caso de Mario Aburto; en los señalamientos, aseveró que se ha violado a la integridad personal y trato digno del vinculado, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.
Luego de la declaración, la familia del presunto asesino acusó que su pariente se encontraba desaparecido, esto, tras asegurar que se habrían mantenido incomunicados durante un mes.
Cuestionada por ello, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), rechazó estas acusaciones, asegurando que Aburto continúa recluído con “buen estado de salud” y en “comunicación constante” con el exterior.
“No está incomunicado absolutamente. Está en buen estado de salud (...) Él ha tenido la supervisión y hemos tenido la vigilancia de la CNDH (...)
En la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de respeto a los derechos humanos (...) Tiene comunicación constante con el mundo exterior”, afirmó en la mañanera de este jueves.
A 24 años del del segundo magnicidio más grave de México (después del asesinato de Álvaro Obregón), la CNDH determinó que la tortura en contra de Aburto fue ejecutada por agentes de la entonces Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, desde la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias ministeriales y en su traslado a la cárcel.
También se acreditó que personal médico y custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez, estado de México, “incurrieron en actos de tortura”, además de que lo dejaron incomunicado y alejado de su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.
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