Empresarios proponen reducir hasta 50% el impuesto sobre nómina

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) propondrá al Gobierno Federal reducir hasta 50% el impuesto sobre nómina (ISN), con el objetivo de disminuir los costos de contratación y evitar que más empresas recurran a la informalidad.

La iniciativa contempla una reducción gradual durante dos años, principalmente para micro y pequeñas empresas, en medio de los ajustes salariales y los cambios previstos en la jornada laboral.

CONCANACO plantea reducir el impuesto sobre nómina hasta 50% en dos años

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano, anunció que la confederación presentará en Palacio Nacional un oficio con propuestas para disminuir la carga fiscal de las empresas, preservar los empleos formales y aligerar los costos de operación de los negocios familiares.

La propuesta central consiste en reducir el ISN 25% durante el primer año y 50% en el segundo, con prioridad para las micro y pequeñas empresas, los empleos de menores ingresos y los establecimientos que cumplan con sus obligaciones laborales y fiscales.

Actualmente, el impuesto sobre nómina representa un costo adicional para quienes generan empleo formal, con tasas que van de 2% a 4.25%, dependiendo de la entidad federativa. De acuerdo con la ENOE del INEGI, 32.6 millones de personas trabajan en la informalidad, cifra equivalente al 54.3% de la población ocupada.

De la Torre explicó que la intención no es eliminar las contribuciones, sino generar condiciones para que contratar formalmente sea más accesible y atractivo para las empresas.

“No estamos proponiendo dejar de contribuir. Estamos proponiendo que la política fiscal contribuya a crear empleo. Trabajar formalmente debe valer la pena, pero contratar formalmente también”, expresó.

Empresarios plantearán medidas en materia laboral a la presidenta

Además de la reducción del impuesto sobre nómina, CONCANACO presentó otras medidas para fortalecer el empleo y el consumo interno:

• Ampliar el subsidio al empleo, para que más ingresos lleguen directamente a las familias.
• Evaluar una devolución focalizada del IVA que pagan los hogares de menores ingresos en bienes y servicios esenciales.
• Aplicar gradualmente la reducción de la jornada laboral, considerando la flexibilidad y las condiciones económicas de cada sector.
• Crear un Acuerdo Nacional por el Empleo Formal, con participación del Gobierno Federal, los 32 gobiernos estatales, congresos locales, empresarios y trabajadores.

La organización busca que estas medidas permitan avanzar en los derechos laborales sin poner en riesgo la continuidad de los pequeños negocios ni frenar la generación de nuevas plazas de trabajo.

Por su parte, Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), señaló que el sector moviliza 80% de las mercancías nacionales y participa en el traslado de productos vinculados con cerca de 70% del PIB.

Por ello, advirtió que la reducción de la jornada laboral debe considerar las condiciones reales de operación de las empresas transportistas y acompañarse de medidas que ayuden a contener los costos del empleo formal.

Empresarios advierten que la extorsión también frena la contratación

Durante la misma rueda de prensa, Octavio de la Torre llamó a fortalecer las acciones contra la extorsión y la corrupción, luego de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, presentada por el INEGI.

De acuerdo con los datos correspondientes a 2025, el 25.9% de las unidades económicas fue víctima de algún delito, lo que equivale a 1.4 millones de establecimientos. El comercio registró la mayor afectación, con 30.5% de sus unidades económicas victimizadas, seguido de servicios, con 22.9%, e industria, con 18.8%.

La extorsión fue el delito más frecuente, al representar 26.2% de los tres millones de ilícitos estimados. Además, la inseguridad y la delincuencia generaron un costo de 115 mil 100 millones de pesos, incluidos 58 mil 900 millones destinados a medidas preventivas.

El costo promedio nacional por unidad económica, considerando gastos de protección y pérdidas, alcanzó los 44 mil 560 pesos. Para los negocios familiares, este gasto puede representar la diferencia entre mantener una plaza laboral o renunciar a contratar personal.

Uno de los principales problemas es la falta de denuncias: 91.8% de los delitos contra unidades económicas no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación.

Ante este panorama, CONCANACO reconoció la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gobierno de México y planteó fortalecer los mecanismos de denuncia segura, ampliar los pactos estatales y crear un observatorio que publique resultados y permita dar seguimiento a los compromisos.