Reformar la ley eléctrica “con base en la ideología y la manipulación es totalmente inaceptable”: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial rechazó las declaraciones del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por lo que hizo un exhorto a no caer en la provocación y en la polarización y pidió un diálogo respetuoso

(Foto: Pixabay)
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó de manera contundente a las declaraciones del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, quien el lunes 18 de octubre aseguró que los contratos que México firmó con el empresariado dedicado a la producción de energía serán cancelados en caso de aprobarse la reforma eléctrica y no existirán indemnizaciones.

A través de un comunicado, el CCE -que es integrada por 12 organizaciones- aseguró que el compromiso del sector privado “es y será siempre con el bienestar de las familias mexicanas y su economía, así como hacer valer el Estado de Derecho”.

Resaltó que un verdadero Estado de Derecho tiene cinco características esenciales: a) imperio de la ley, b) división de poderes, c) sujeción de la administración a la ley y al control judicial, d) derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos, y e) justicia igual para todos. Por lo que insistió, “la esencia es proteger al ciudadano del mismo poder que dicta las leyes, evitando así sus posibles abusos”.

Sin embargo, enfatizó que con las recientes declaraciones de Manuel Bartlett “es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar aún más nuestro Estado de Derecho”.

Fotografía de archivo del director de la Comisión Federal de electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. EFE/Mario Guzmán
Fotografía de archivo del director de la Comisión Federal de electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. EFE/Mario Guzmán

El organismo que preside Carlos Salazar Lomelín, dijo que los ciudadanos deben “impedir que desde el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga o que cualquier ciudadano que considere que una ley no le favorece, la desconozca”.

El CCE condenó que “utilizar al nacionalismo como pretexto para atentar contra nuestro Estado de Derecho es realmente un ataque contra todos nosotros. Es un atentado contra el sistema que tantos años nos ha costado construir y contra los preceptos legales que nos protegen de la arbitrariedad del autoritarismo”, enfatizó.

Además, aseguró que “reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”.

Reiteró su enérgica petición a respetar el Estado de Derecho y pidió a los legisladores a “emitir un voto sustentado y responsable” al tiempo que concluyó enfatizando su llamado a evitar la provocación y la polarización “sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento en favor del bienestar de México”, finalizó.

Foto: REUTERS / Daniel Becerril/ Archivo
Foto: REUTERS / Daniel Becerril/ Archivo

El pasado 11 de octubre, el Consejo Coordinador Empresarial lamentó‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌secretaria‌ ‌de‌ ‌Energía,‌ ‌Rocío‌ ‌Nahle‌ ‌y‌ Manuel‌ ‌Bartlett,‌ ‌estén‌ ‌mintiendo‌ ‌en‌ ‌torno‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌reforma‌ ‌eléctrica‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌sus‌ ‌declaraciones‌ ‌”están‌ ‌guiadas‌ ‌por‌ ‌la‌ ideología‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌especialización‌ ‌técnica‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌rigor”‌ ‌que‌ ‌requiere‌ ‌el‌ ‌tema.‌ ‌‌

En ese documento, la organización empresarial lamentó que las declaraciones de ambos funcionarios estuvieran “guiadas por la ideología y no por la especialización técnica y el rigor que requiere un tema de la más alta prioridad. Es comprensible que se utilicen las conferencias de prensa de los servidores públicos para comunicar mensajes que atienden a su conveniencia política”.

“Tienen todo su derecho de presentar ideas y argumentos, pero no a calificar de robos a la nación a las actividades ilícitas de los inversionistas. No hay razón para mentir. Con el tiempo, las mentiras cobran vida propia y erosionan la confianza que todos queremos construir”, enfatizó el organismo.

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