En referencia a la nota “Emilio Lozoya habría pagado a la FGR cinco millones de dólares para gozar del trato privilegiado que tiene” del 12 de octubre del presente año, —en la que se cita al columnista Salvador García Soto de El Universal— y en uso del derecho de réplica, el despacho de abogados ILOCAD, S.L., informa que no participaron en el acuerdo de extradición entre Emilio Lozoya Austin y la Fiscalía General de la República (FGR).
Sobre este hecho se aclara que el despacho se limitó únicamente a comunicar a la FGR la aceptación de extradición que el mismo Lozoya firmó el pasado 26 de junio de 2020.
Asimismo se precisa que la entrega del ex director de Pemex —quien se encontraba en España al momento de su captura— fue una cuestión unilateral donde ni el Ministerio Fiscal español ni el despacho de abogados ILOCAD, S.L. participaron.
“Todo lo anterior, al margen de que dicha persona pueda haber adoptado algún acuerdo de colaboración judicial con las autoridades judiciales o de la Fiscalía mexicanas, en cuyo caso se trataría de una decisión ajena a las autoridades judiciales españolas, al Ministerio Fiscal español y a ILOCAD, S.L. y sus Abogados”, señaló a través de un comunicado enviado a este sitio de noticias.
ILOCAD, S.L. fijó su respuesta
El pasado 12 de octubre, el periodista Salvador García Soto hizo referencia en su columna Serpientes y Escaleras en el diario mexicano El Universal —y que fue citada por este medio— que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero y cohecho, entregó USD 5 millones para gozar de un trato privilegiado.
De acuerdo con García Soto, el acuerdo de extradición —detallado a cuenta gotas por el órgano que preside Alejandro Gertz Manero— fue firmado por Lozoya Austin; su padre, Emilio Lozoya Thalmann, y el despacho de abogados que representó al ex funcionario en España, en este caso ILOCAD, S.L.
En aquel pacto, según García Soto, se detallaba que la parte acusada entregaría USD 5 millones a cambio de un trato de privilegios. La cantidad fue negociada, de acuerdo con García, por Gertz Manero y el despacho de abogados, propiedad del juez español, Baltasar Garzón.
El periodista argumenta: “El contenido del acuerdo, que nunca se ha hecho público, podría explicar muy bien el trato privilegiado que la FGR aceptó darle en todo momento a Lozoya Austin”.
El pasado sábado, el ex titular de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), reapareció en un lujoso restaurante de la capital mexicana. La escena escandalizó a la opinión pública que se preguntó si el político no violaba las leyes al ser un “corrupto confeso”.
Las autoridades aseguraron que Lozoya, quien se convirtió en testigo colaborador de la FGR, tenía todo el derecho de salir a comer a lugares públicos siempre y cuando no abandonara la capital mexicana.
En julio del 2020, un juez de control vinculó a Emilio Lozoya por el delito de lavado de dinero en el caso de la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados SA de CV. Como medidas cautelares, se le ordenó portar un brazalete electrónico, firmar cada dos semanas frente al juzgado y no abandonar el país.
La imagen de Lozoya sentado de espaldas, con un traje negro y un grupo de amigos despertó la idea que el hombre gozaba de total impunidad.
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