Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido hace 13 meses en Mazatlán, Sinaloa, presentó una demanda de amparo ante juzgados federales contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por omisiones en la búsqueda de su hijo.

La acción legal reclama la falta de supervisión y ejecución de órdenes ministeriales, así como la no localización de dos testigos cuyo paradero podría aportar información sobre lo que ocurrió aquella noche.

Según la demanda de amparo, el Ministerio Público Federal giró en reiteradas ocasiones la orden de localizar con fines de entrevista a los testigos Edgar Valenciana del Río y Gustavo Barrios Ramos, relacionados con las carpetas de investigación de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Secuestro y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República.

La quejosa sostiene que no existe constancia de que esa orden haya sido cumplida: en los registros de investigación no obran informes completos sobre los actos desplegados para localizar a ninguno de los dos testigos.

El 21 de octubre de 2026, la asesoría jurídica solicitó formalmente el apoyo del Centro Militar de Inteligencia de la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional y la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la FGR. Hasta la fecha de la demanda, no había respuesta.

Las autoridades señaladas y los actos que se reclaman

La demanda señala como autoridades responsables al secretario Omar Hamid García Harfuch, al subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC, al titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto y Operaciones Estratégicas, y a la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la misma dependencia.

Los actos reclamados son tres: omisión de supervisar la ejecución de los actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal, omisión de ejecutarlos, y omisión en la localización de los dos testigos.

El amparo invoca los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21 y 133 de la Constitución, así como los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Una orden de la Fiscalía no es una sugerencia: es un mandato que las autoridades deben ejecutar”, escribió Brenda Valenzuela en su cuenta de X el mismo día que presentó la demanda. “Cada día perdido en una búsqueda puede ser irreparable.”

13 meses sin saber qué pasó en el Terraza Valentino

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció en la madrugada del 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentino de Mazatlán. Según lo que la familia ha podido reconstruir, el joven avisó que iba al baño y no regresó; una prima que intentó buscarlo fue bloqueada por personal de seguridad del establecimiento.

La investigación identificó a los activos del delito como integrantes del Cártel de Sinaloa, facción “La Chapiza” o “Los Chapos”, según consta en el expediente. En noviembre de 2025, el periodista Luis Chaparro reveló en Pie de Nota que el caso apuntaba a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, identificado como jefe de plaza de esa facción en la zona sur de Sinaloa, con control sobre la vida nocturna de Mazatlán.

Barraza Pablos fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 9 de junio de 2025. Es hijo de Víctor Manuel Barraza Rivera, “El Canas”, también sancionado. Múltiples fuentes nacionales e internacionales lo ubican como operador de la facción en municipios de la zona sur del estado, entre ellos Mazatlán, Concordia y El Verde.

Un detenido vinculado a proceso, otros sin poder ser procesados

En entrevista con Ciro Gómez Leyva días antes de que se presentara la demanda, el abogado Carlos Escobedo Suárez confirmó que hay una persona vinculada a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, identificada por las autoridades federales como parte de la estructura de Los Chapos. El periodo de investigación complementaria vence en enero de 2027.

“Hay más detenidos relacionados con el asunto que las instancias federales han reconocido ante las víctimas”, dijo Escobedo. “Sin embargo, este proceso de vincularles a proceso no se ha podido llevar a cabo por diversos obstáculos en las investigaciones.”

La abogada Daira Hernández, también asesora de la familia, explicó que los detenidos parecen requerir la captura de líderes superiores para atreverse a hablar. “Pareciera que necesitarían que uno de los líderes principales de esta facción sea detenido para que las personas que están formalmente vinculadas a proceso puedan dar información”, dijo Hernández al mismo programa.

El abogado relató que en una mesa de trabajo con la FGR, personal adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda se retiró por circunstancias ajenas al caso. También denunció que la SSPC no ha logrado localizar a los dos testigos pese a instrucciones giradas por dos fiscalías federales. “No entendemos cómo si localizan a N cantidad de personas del crimen organizado, no podrían localizar a dos testigos que son personas simples”, dijo.

Brenda Valenzuela añadió que “si bien existe la voluntad de estos mandos, en la práctica las actuaciones han sido con demora y con falta de coordinación.”

Iniciativa de reforma al Senado

Como parte de las acciones que impulsa la familia, se anunció en la misma entrevista que Brenda Valenzuela y otras madres buscadoras presentarán ante el Senado de la República una iniciativa de reforma a las leyes de delincuencia organizada, desaparición forzada y justicia penal para adolescentes.

El objetivo es cerrar vacíos que, según los abogados, impiden procesar a personas con alta probabilidad de participación en la desaparición y les permiten reservarse información bajo el argumento de no autoincriminación.