El pasado 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de materia energética en el área de electricidad.
En términos generales, la reforma propone una renovación a los artículos 25, 27 y 28 y los nueve transitorios de la Constitución Mexicana, con la cual, entre otras índoles, se buscará el “rescatar y fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante la conferencia de prensa matutina, Rocío Nahle García, secretaria de Energía, detalló que uno de los principales puntos propone que la Comisión transite de ser una Empresa Productiva del Estado a un Organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autónoma en el ejercicio de sus funciones.
Esto, explicó, permitirá que las nueve subsidiarias - creadas sin relación comercial, ni financiera en 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto - se reintegre y, con ello, se erradique la fragmentación que, dijo, impide la consolidación de la CFE como una sola empresa.
Asimismo, el proyecto establece que subsistirán como subsidiarias oficiales: CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, CFE energía, CFE Internacional y CFE Capital.
Aclaró que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se reincorporará a la empresa, con el objetivo de que ésta tenga el control del despacho de electricidad; también se habla de eliminar los contratos legados de hace ocho años, que, señaló, consentían que dos subsidiarias compraran electricidad entre ellas mismas a precios altos.
Respecto al servicio del suministro eléctrico, la titular aclaró que sí existirá un equilibrio en la producción del recurso: al menos el 54% del mercado corresponderá a la Comisión, mientras que el 46% restante será para las empresas privadas.
Esta medida, según la propuesta de reforma, salvaguardará la misión de servicio social de la CFE, así como el mantenimiento de las tarifas debajo de la inflación.
En materia de transición energética, el proyecto reitera de que la CFE cumplirá los compromisos internacionales, los cuales estipulan que, para el 2024, el 35% de la electricidad deberá ser limpia en México.
Con respecto a ello, se impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios y otros inmuebles a través de las diversas variedad de fuentes energéticas que dispone el país, lo cual, aseveró Rocío Nahle, “el ahorro lo verá directamente el usuario”.
En materia de preservación del litio, el sexto transitorio de la reforma plantea que las conseciones mineras ya otorgadas por el Estado no se ampararan para la explotación o producción del recurso, a pesar que ya se encuentren en actividades; dicha restricción no aplicará a aquellas con historial de explotación de litio avalado por el Estado mexicano.
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