Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió a los científicos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra el erario público, a quienes prometió imparcialidad en el proceso.
De acuerdo con un comunicado oficial, el encuentro fue a petición de los señalados. La cita ocurrió en las oficinas del ministro con un grupo representativo de los académicos, ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT A.C.) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Durante el encuentro, el Ministro Presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”, destacó la SCJN.
La reunión se da una semana después de que la FGR comunicó que buscará una tercera orden de arresto en contra de los 31 investigadores, quienes habrían financiado una empresa privada con recursos del presupuesto público.
“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, destacó la dependencia el pasado 22 de septiembre, al ser rechazado un mandamiento judicial para arrestar a los acusados.
Pues los académicos, en su carácter de servidores públicos, financiaron una empresa a la que se adhirieron bajo la aprobación de un estatuto interno.
La semana pasada, un juez consideró que la compañía fue avalada por reglas del propio Conacyt, de ahí que no se actualizaban delitos por el empleo de dinero público para comprar muebles, vehículos, inmuebles, pagar salarios y servicios directos.
Para la FGR, ese criterio es inaceptable, pues un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos.
Según la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, las regulaciones superiores no permiten que la institución de investigadores pueda convertirse en una empresa privada, cuyos recursos sean obtenidos de fondos públicos.
“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, comunicó la FGR.
De ahí que la institución ministerial agotará todos los recursos a su alcance y recursos procedentes para ir en contra del grupo de científicos para defensa, aseguró, de los intereses de la Federación.
Tras darse a conocer las acciones de la fiscalía, decenas de críticos y opositores a la actual administración condenaron los hechos y consideraron que se trataba de una venganza política por parte de Gertz Manero.
María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conacyt, ha indicado que desconoce las acusaciones, aunque la propia dependencia a su cargo hizo la denuncia.
“No sé de qué me hablas, yo vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, no a acusar absolutamente a nadie”, declaró en un evento en Azcapotzalco al que acudió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Unas horas antes, el mismo día que la FGR publicitó sus intenciones, el propio Conacyt había aclarado que la disputa se desencadenó en 2019, cuando el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico exigió 50 millones de pesos de recursos federales. Pese al apoyo ofrecido según lineamientos de la austeridad republicana, la organización privada rechazó el monto, interpuso un amparo y judicializó el caso.
“Durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt.
“Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, destacó la institución encabezada por Álvarez-Buylla Roces.
De esa manera, el Conacyt se deslindó de cualquier persecución y atribuyó todas las acciones a la FGR. En tanto, diversas instituciones académicas, universidades y centros de investigación se han manifestado en contra de un proceso que consideran desproporcionado.
Mientras que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha indicado que en su administración no se fabrican delitos y si hay culpables de corrupción debe haber castigos, pues aquellos que son inocentes no tienen nada qué temer.
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