Pese a la polémica e indignación general que ha causado, la Fiscalía General de la República no se ha inmutado en su cacería de miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La FGR acusó que en dicha dependencia y en el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) existía una organización criminal que estaba liderada por nueve exfuncionarios del Consejo, quienes podrían ser condenados con hasta 82 años y medio de cárcel.
Los delitos por lo que se les acusa son de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los señalados son el ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la ex coordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el ex Oficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos 4 directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, indicó la fiscal Genny Franco Martínez, en la solicitud de de 31 órdenes de aprehensión realizada el pasado 24 de agosto.
Asimismo, la fiscalía mexicana indicó que la pena máxima que puede imponerse es una de las razones por las que solicitó directamente órdenes de aprehensión contra los exdirectivos, en lugar de un citatorio para audiencia de imputación. “Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”.
Por otro lado, se hizo público que la denuncia –por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado– fue hecha por parte de la actual administración del Conacyt y se originó cuando dicho organismo público decidió retirar el apoyo para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. a través del cual se destinaba el dinero a distintos proyectos científicos.
El Conacyt consideró que el Foro estaba haciendo tareas que le corresponden al mismo organismo, por lo tanto decidió retirar los fondos argumentando duplicidad de funciones. El Foro Consultivo reaccionó llevando el caso a un litigio jurídico y posteriormente se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque la SCJN no aceptó el recurso legal, reconoció que los movimientos de presupuesto realizados al Foro eran legítimos.
Aunque el conflicto inició por la intención de la administración del Conacyt por dejar sin recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C., cuando las y los académicos decidieron disputar la decisión fue que las acusaciones escalaron.
Fue así que la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología decidió proceder de manera penal. La denuncia gira en torno a 200 millones de pesos mexicanos que formaban parte del presupuesto del CONACyT en el sexenio pasado.
Y aunque en un par de ocasiones la denuncia ha sido echada para atrás por jueces, la Fiscalía General de la República (FGR), no quita el dedo del reglón.
El pasado 22 de septiembre, un juez rechazó la segunda solicitud de la FGR para procesar a quienes, en su carácter de servidores públicos, financiaron una empresa a la que se adhirieron bajo la aprobación de un estatuto interno.
El juzgador consideró que la empresa privada creada, autorizada y fondeada por el grupo de científicos del Conacyt usó recursos federales destinados a la investigación, con los cuales compraron muebles, vehículos, inmuebles, pagaron salarios y servicios directos. Sin embargo, ello no actualizaba hechos delictivos porque el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt avaló ese tipo de operaciones.
No obstante la FGR señaló que solicitará una tercera orden de arresto en contra de 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa por delitos patrimoniales en contra del erario público.
“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, destacó la dependencia.
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