El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, académicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusándolos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Raymundo Riva Palacio, en su columna para Eje Central, describió la manera en que el funcionario “utiliza la fuerza para embestir a sus rivales, a familiares o a cualquier persona que considere lo ha agraviado”.
El interés del Doctor en Derecho surgió de una denuncia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, la cual tiene sospechas de la comunidad científica por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Las dos razones por las que sería complicado que procediera la solicitud para ingresar a los acusados es que el juez dudó sobre que lo hechos hayan ocurrido en el Estado de México (Edomex) y que la Fiscalía no justificó las razones o motivos, por qué quiere que sean encarcelados en esa prisión donde están capos del narcotráfico o delincuentes que requieren de una alta seguridad
“La acusación del fiscal tiene un enorme sabor a venganza, luego de que la comunidad científica se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, reservado para quienes hayan hecho contribuciones significativas en su campo de experiencia” expone el periodista.
Cabe destacar que, de acuerdo con Riva Palacio, la directora de Conacyt ha estado comentando que ella nunca presentó una denuncia por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada. Su queja iba por el presunto financiamiento ilegal del al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Enrique Cabrero —miembro de la Academia de Ciencias, exdirector del Conacyt y del CIDE, catedrático en México, Francia y el Reino Unido— y Julia Tagüeña —doctorada en la Universidad de Oxford— son las personas que Gertz Manero quiere internar en la prisión de máxima seguridad, junto con otros científicos destacados de la comisión.
“Un fiscal con ese talante vengativo es una amenaza para cualquiera, porque en cualquier momento puede inventar acusaciones contra quien le caiga mal o acomodar la ley a su agenda personal. Si al final del camino todo se le desmorona, como ha sucedido, habrá infligido un daño a su fama y reputación de manera irreversible, sin que eso parezca preocuparle” concluyó el reportero.
¿Quién es Alejandro Gertz Manero?
Nacido el 31 de octubre de 1939, es un abogado y político mexicano que ha estado a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2019 y será hasta el 2027 cuando se retire de sus funciones por disposición del Senado.
Ha sido catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad de las Américas A.C (UDLA) y se desempeñó como Secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Su trayectoria es bastante amplia: fue Agente del Ministerio Público Federal auxiliar del Procurador General de la República, fue Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en dicho organismo; fue fundador y Primer Director General del Instituto Técnico de la PGR, fue Oficial Mayor en la dependencia y Primer Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico; también se desempeñó como Procurador Federal de la Defensa del Trabajo.
El funcionario es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y de la Academia Mexicana de la Educación.
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