La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) habría aplicado una multa que supero los 930 millones de pesos a cinco empresas que se encargaban de la distribución de fármacos a farmacias privadas y a 21 de sus directivos por conductas ilegales desde 2006, según información de Proceso.
La semana pasada, la Cofece aplicó medidas en contra de estas empresas y sus directivos por actuar como un “cártel”, ya que restringían el abasto y negociaban entre ellos los precios de los medicamentos para aumentar sus ganancias. Como resultado, obtuvieron con estás practicas por lo menos 2 mil 359 millones de pesos.
La investigación del medio se realizó a partir del trabajo de un equipo integrado por una decena de funcionarios de la Cofece que colaboraron durante tres años visitando empresas, analizando computadores y entrevistando a ejecutivos de la cadena de distribución de medicamentos.
Durante toda la indagación de información se reunieron más de 50 correos electrónicos, facturas, minutas de reuniones o tablas con precios que demostraban que los agentes económicos habían elevado los precios.
Fueron en esos tres años cuando la Cofece se dedico a ir tejiendo la red de presuntos responsables, quienes habrían incrementado los precios de medicamentos pertenecientes a las cinco empresas involucradas en estas prácticas ilícitas desde el 2006.
La institución terminó por aplicar a los involucrados multas de 903 millones 479 mil pesos e inhabilitó a 10 personas para ejercer en empresas del sector durante plazos que van desde los seis meses hasta los cuatro años.
Alejandra Palacios Prieto, la actual presidenta de la Cofece, comentó al semanario Proceso que “Si hoy hicieran esto, el valor de las multas sería por lo menos el doble o el triple. La ley actual es más severa que la anterior en términos de multas”.
Casa Saba, Nadro, Marzam, Farmacias Nacionales (Fanasa) y Almacén de Drogas simularon tener una rivalidad para cobrar de más a los que necesitarán adquirir medicamentos con la complicidad de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar). Cabe destacar que son quienes controlan casi la totalidad de la distribución de medicinas en el sector privado de acuerdo con lo escrito por Proceso.
Debido al gran poder que tienen dichas empresas, su simulación de competencia económica provocó que el enriquecimiento y beneficios fuera muy altos para sus empresas, mientras que los principales afectados fueron aquellos que requerían el medicamento.
Varios son los nombres que aparecen en la lista de notificaciones de la Cofece en el marco de la investigación número IO-001-2016. Aunque su presencia en el documento significa que fueron sujetos de investigación, la Cofece no ha revelado los nombres de las personas sancionadas, por lo que no se les puede adjudicar responsabilidad aún.
De acuerdo con Proceso, entre los nombres figuran Pablo Escandón Cusi, dueño de Nadro; Manuel Saba Ades, quien heredó Casa Saba de su padre Isaac Saba Raffoul; Elías Salomón Nader, de Fanasa; Roberto Lázaro Gutiérrez Ancira y Roberto Gutiérrez Elizondo, de Almacén de Drogas; Joseph Sitt Cherem, de Marzam; Tomás Ángel Rodríguez Weber, que en su momento fue presidente de la Diprofar, así como los hermanos Francisco Daniel y José Antonio Pérez Fayad, dueños de Grupo Fármacos Especializados.
Uno de los notificados por la Cofece fue Héctor Valle Mesto, quien es actualmente el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, el poderoso grupo de la cúpula empresarial mexicana en temas de salud.
Dentro de la Fundación Mexicana para la Salud destacan algunos “asociados activos” como los multimillonarios Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Olegario Vázquez Aldir, el mismo Escandón Cusi y su hija, Alejandra Escandón Matarazzo, y el empresario Claudio X. González Laporte.
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