Luego de varias protestas de repartidores de alimentos, mensajeros y conductores de transporte de servicios de aplicación móvil, el gobierno federal está explorando vías para regular las condiciones laborales de dichos colaboradores de las llamadas “star ups”.
De acuerdo con Luisa María Alcalde, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) se está trabajando con el Instituto de Seguridad Social (IMSS) y con las autoridades de Ciudad de México para que en los próximos meses se desarrolle un plan que se amplié sus derechos laborales. Así lo dijo en entrevista para Bloomberg.
Y es que en países como Reino Unido la Corte Suprema dictaminó que los conductores de la plataforma digital Uber son trabajadores a los que se les debe pagar por el tiempo de espera; así como el Ministerio de Trabajo de España de prometerles el acceso a la seguridad social.
Empresas como Uber, DiDi o Beat argumentan que el acuerdo actual les da a los conductores la libertad de ser sus propios jefes y de utilizar recursos que de otro modo estarían inactivos.
La titular de la STPS señaló que desde que surgió la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19), se impulsó la demanda de servicios como la entrega de paquetes, por lo que es una prioridad para el gobierno regular el sector.
Cabe mencionar que en abril pasado, el gobierno de México prohibió la subcontratación laboral, también conocida como “outsourcing” como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la evasión fiscal.
Durante mucho tiempo, algunas empresas habían utilizado entidades independientes para emplear a sus trabajadores a fin de evitar los impuestos sobre la nómina y las cuotas de seguridad social. La nueva ley está funcionando, dijo Alcalde, y los principales empleadores han absorbido recientemente a más de 2.6 millones de empleados.
Al respecto, Alcalde advirtió que no habrá una nueva prórroga del plazo que tenían las empresas para poner fin a la práctica de subcontratación más allá de principios de septiembre.
Recientemente, México ha buscado que las empresas cumplan con una ley laboral nacional de 2019 y las disposiciones de derechos de los trabajadores descritas en un acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Incluso, esta semana trabajadores de una planta de General Motors en Silao, Guanajuato, votaron para cancelar su contrato sindical. La votación surgió como un caso de prueba importante para el acuerdo comercial, luego de informes de violaciones de los derechos laborales en la planta.
“El sector automotriz y todas las empresas ubican como foco rojo lo sucedido en GM y tomarán sus precauciones, digamos, las medidas necesarias para que este fenómeno no se repita”, dijo Alcalde.
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