
Las bienes raíces en los Estados Unidos representan uno de los más grandes sectores para el lavado de dinero, en el que se han detectado incluso redes de políticos, empresarios y otros personajes poderosos de todo el mundo.
Sin embargo, destacan en la lista personas de nacionalidad mexicana entre los actores mundiales que lavaron 2.3 mil millones de dólares en cinco años, de acuerdo con el informe “Acres de lavado de dinero: por qué los bienes raíces de EE. UU. Son el sueño de un cleptócrata”, de la Global Financial Integrity.
Para ello, analizaron los 125 casos más relevantes de lavado de dinero en bienes raíces entre 2015 y 2025. En la lista aparecen países como México, Reino Unido, Canadá o los propios estadounidenses.
En una de sus primeras gráficas, sobre los casos analizados en los EEUU, se puede observar que el país del que se detectaron más recursos fue de México con un 16.07% del total, seguido por Guatemala con el 7.14% y el 8.93% es para Venezuela.

En total, apenas el 17.86% del dinero lavado proviene de los Estados Unidos, de acuerdo con el análisis, mientras el 82.14% proviene de los países mencionados, así como China, Irán, Corea del Norte, Malasia, Nigeria, entre otros, pero lidera Latinoamérica con el 54.34 por ciento.
Además, informaron que los tipos de lavado de dinero más recurrente fueron la estructuración de compañías, un tercer actor involucrado y esquemas hipotecarios; mientras que los facilitadores fueron abogados o despachos enteros, agentes de bienes raíces o corredores, así como agentes y empresas de títulos y fideicomisos.
Es en el caso número seis, titulado Dinero de la corrupción política mexicana lavado a través de bienes raíces en EEUU usando abogados, donde se describe a grandes rasgos las investigaciones que enfrentan diversos personajes connacionales.
Dicho documento revela que por lo menos son cuatro los funcionarios “de alto rango” que actualmente enfrentan acusaciones de “corrupción, malversación de fondos y riqueza inexplicable”, quienes también “adquirieron bienes raíces por valor de millones de dólares en Estados Unidos”.

Los casos enlistan en primer lugar a Javier Duarte, quien “en 2016 fue acusado de malversación de 26 millones de dólares y de fomentar vínculos con cárteles de la droga”. Su caso estaría ligado, además, a la compra de cerca de 90 propiedades en México, España y Estados Unidos de 2006 a 2014.
Especifican, además, que Duarte “utilizó abogados y socios comerciales como testaferros para establecer una compleja red de empresas fantasma en Texas, Delaware y Florida”. Lo que el estudio llama un “imperio”, incluiría desde edificios comerciales en Florida, hasta una mansión en Miami, así como 30 casas en el mismo lugar.
Entre las tácticas que habría usado el político, este estudio destaco “que se vendieron y compraron varias veces las casas para ocultar el origen del dinero y la propiedad”.
Después aparece el ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab y su hijo Alejandro Murat Hinojosa, quienes, apuntan, poseían al menos seis propiedades por valor de más de seis millones de dólares en Nueva York, Florida y Utah.

La supuesta metodología de este político constaba de ocultar las propiedades “a través de fideicomisos y empresas fantasmas registradas a nombre de amigos y familiares, incluido uno de los hijos de Murat, que era menor de edad en el momento de la compra”.
También aparece el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien “se declaró culpable de lavar sobornos de carteles de drogas a través de bienes raíces de Texas, Port Isobel y South Padre Island”.
Su estrategia fue utilizar “empresas registradas a nombre de asociados para asegurar millones de dólares en préstamos”, lo anterior con el fin de “comprar estas propiedades, así como para pagar los gastos de mantenimiento y reparación”.
Por último, mencionaron también a Genaro García Luna, quien habría comprado una casa de hasta 3.3 millones de dólares en Golden Beach FL, entre otras propiedades e incluso un yate de lujo. En su caso, se habrían utilizado Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en ingles) registradas “a nombre de su abogado y socios comerciales”.
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