Raúl Paredes Esquer, ex presidente del Partido de Baja California, fue asesinado

Este viernes al mediodía Raúl Paredes Esquer, ex presidente del Partido Baja California (PBC), fue asesinado en Playas de Rosarito, municipio de la entidad, por un comando armado.

De acuerdo con medios locales, el hombre, quien aún era un oficial activo de la policía municipal de Rosarito, fue atacado en la calle Juan Vicario en la colonia Benito Juárez en la delegación de Plan Libertador.

Paredes Esquer estaba acompañado de su esposa, cuando el vehículo en el que viajaban recibió una ráfaga de disparos. Ella fue trasladada a un hospital para atender las lesiones que tiene.

Por su parte, elementos de la policía municipal comenzaron un operativo para tratar de encontrar y detener a los criminales. Según los reportes, ellos iban en un auto color plateado, mientras eran perseguidos por la policía.

Una de las publicaciones reportó que el asedio llegó hasta el fraccionamiento Villa Floresta, en la Unidad Deportiva Rosarito. Ahí se encontraban varios niños y padres de familias, quienes estaban saliendo del plan vacacional municipal. La persecución generó miedo y descontrol por lo que algunas personas de familia se resguardaron en el inmueble.

Paredes fue candidato a la alcaldía de Playas de Rosarito en 2016, después fue dirigente municipal del partido y en el proceso electoral más reciente, se postuló como candidato a diputado del distrito XV.

Aunado a esto, se detalló que fue comandante al jefe de la Policía Turística, coordinador de la Policía Comercial, subdirector técnico, subdirector operativo, y titular del área de proyectos.

Oleada de violencia en elecciones

El pasado proceso electoral en México dejó 102 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes y candidatos a distintos cargos, informó la consultoría Etellekt.

De acuerdo con el “Séptimo informe de violencia política en México” elaborado por la consultoría, del 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio, se registraron un total de 1,066 agresiones en contra de políticos, de los cuales 102 fueron homicidios.

La violencia se extendió a los 32 estados del país y abarcó 576 municipios (29 ciudades capitales incluidas), lo que representa un aumento de 38% respecto al proceso electoral 2017-2018.

La consultoría destacó que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y aspirantes opositores a los gobiernos de los estados en el 75% de los casos.

Etellekt destacó que a pesar de que el gobierno federal implementó una estrategia de protección para los candidatos “no fue diferente a la que ya se había presentado en procesos electorales previos. La estrategia federal se orientó a brindar protección a las personas candidatas a diputaciones federales y a gobernadores, sin realizar un trabajo de evaluación de riesgos que permitiera adoptar medidas preventivas”, señaló.

También resaltó el hecho de que las autoridades estatales, responsables de brindar protección a los candidatos y candidatas a cargos de elección municipales, actuaron de manera reactiva “y fueron incapaces de prevenir ataques que costaron más vidas humanas”.

Respecto a la protección brindada por el gobierno federal, destacó que “no fue afortunada la manera en que el Ejecutivo federal optó por invadir la esfera de competencia de las autoridades locales al señalar supuestos avances en las investigaciones que solo corresponde a las Fiscalías de los estados desarrollar e informar”.

Pero demás -detalló Etellekt- el Ejecutivo federal advirtió en diversas ocasiones que se trataba de delitos perpetrados por el crimen organizado, prejuzgando sobre la naturaleza de los delitos y adjudicando la responsabilidad a presuntos grupos del crimen que no han sido plenamente identificados; “peor aún, criminalizando a las víctimas”.

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