
El Consejo General del INE aprobó este 5 de noviembre 29 proyectos de resolución por presuntas infracciones electorales y determinó imponer multas por más de 55 millones de pesos a Morena, el Partido Verde y el PAN.
Estas sanciones corresponden a afiliaciones indebidas y al uso no autorizado de datos personales, debido a que los partidos no acreditaron el consentimiento de las personas involucradas.
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Comisión Temporal de Transparencia define nueve ejes de trabajo para 2026 y 2027

El órgano electoral también avaló el Programa Anual de Trabajo 2026-2027 de la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
De acuerdo con el INE, el programa contempla nueve ejes para fortalecer la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la transparencia proactiva, la gestión documental y la evaluación de resultados.
En tres procedimientos relacionados con personas aspirantes a supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, el Consejo General acreditó que proporcionaron información falsa sobre su afiliación partidista.
Por ello, aprobó amonestaciones públicas y dio vista a la Secretaría Ejecutiva del INE para revisar las irregularidades en la aplicación de apercibimientos previstos para el proceso electoral federal 2023-2024.
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También dio vista a los órganos de Control Interno de la alcaldía Iztapalapa y de la Comisión Federal de Electricidad para que determinen lo que corresponda por la falta de respuesta a requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre permisos para colocar propaganda electoral en la vía pública.
Además, amonestó públicamente a la Agrupación Política Nacional Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo por informar con cuatro días hábiles de retraso sobre cambios en sus órganos de dirección.
INE firmará convenio con FGR y cuatro instituciones para revisar riesgo de candidatos en elecciones de 2027

El INE firmará el próximo 6 de noviembre un convenio con cinco instituciones para revisar, de forma voluntaria, el perfil de riesgo de personas que busquen una candidatura en las elecciones de 2027. El mecanismo busca impedir que el crimen organizado se infiltre en las boletas de un proceso que renovará las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales.
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Los comicios se realizarán en junio de 2027 y también incluirán las gubernaturas de 17 estados. La revisión podrá aplicarse a aspirantes postulados por partidos políticos y a candidaturas independientes.
Todas las personas interesadas deberán autorizar expresamente el uso de su información. Los partidos y aspirantes sin partido podrán entregar al INE las listas de quienes pretendan postular, junto con el consentimiento informado de cada persona.
Cinco instituciones evaluarán el riesgo de cada aspirante

El acuerdo involucra a la FGR, representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar Hamid García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Omar Reyes Colmenares.
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Una vez que reciba los listados, el INE remitirá las solicitudes a las dependencias competentes. Cada una aplicará sus propios criterios y metodología para determinar si existe o no un riesgo razonable, sin intervención del organismo electoral en esa valoración.
Dicho convenio permitirá el intercambio de información entre las instituciones firmantes para desarrollar procedimientos de verificación de integridad y evaluación de riesgo. El mecanismo abarcará tanto las postulaciones partidistas como las independientes.
Señaló el INE que la autenticidad de las candidaturas forma parte de los estándares de probidad pública y responsabilidad democrática, además de que busca proteger los derechos político-electorales de las personas aspirantes.
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El acuerdo concreta un proceso anunciado desde septiembre, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el gobierno federal trabajaba con el INE en una “metodología única” para identificar posibles vínculos entre aspirantes y el crimen organizado.
Partido Morena acusa una red de corrupción en el INE durante la gestión de Lorenzo Córdova

Morena acusó este 5 de noviembre una presunta red de corrupción en el INE durante la gestión de Lorenzo Córdova y exigió investigar contratos por 2 mil 094 millones de pesos otorgados entre 2014 y 2023 a empresas vinculadas con un mismo grupo empresarial.
Dicho señalamiento ocurre mientras el INE enfrenta indagatorias por posibles irregularidades en contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General en octubre de 2026.
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El partido sostuvo que las prácticas bajo revisión no habrían comenzado con Taddei, sino que tendrían antecedentes de varias décadas en la proveeduría de materiales y servicios electorales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó de manera preliminar dos grupos empresariales que concentraron operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026. El organismo detectó posibles esquemas de subcontratación entre compañías relacionadas y operaciones que requieren una revisión más amplia.
Morena afirmó que las empresas relacionadas con ese grupo recibieron contratos de organismos electorales locales durante los nueve años en que Córdova fue consejero presidente del INE. Por ello, pidió esclarecer quién autorizó las operaciones, qué funcionarios debían supervisarlas y quién obtuvo beneficios.
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