La conductora Inés Gómez Mont permanece bajo custodia en Estados Unidos luego de que un juez federal rechazó el recurso con el que pretendía obtener su liberación inmediata.
En México, la presentadora enfrenta 3 órdenes de aprehensión vigentes por acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal que libraron jueces federales a petición ministerial.
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Los registros migratorios confirmaron que Gómez Mont ingresó a territorio estadounidense sin pasar por los puntos de inspección en julio de 2021, fecha a partir de la cual fijó su residencia en ese país.
El juez Jeffrey T. Kuntz, de la Corte de Distrito para el Sur de Florida, determinó este 5 de noviembre que el recurso legal de habeas corpus resulta improcedente para el objetivo de la defensa.
Kuntz resolvió que la exconductora omitió solicitar una audiencia de fianza ante un juzgado migratorio, instancia administrativa que posee la competencia legal para autorizar liberaciones bajo caución dentro del sistema de control migratorio.
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La resolución judicial ordenó el cierre definitivo del expediente federal radicado en Fort Lauderdale y desechó las mociones secundarias promovidas por la representación legal de la acusada.
Un juez federal descartó el amparo contra el centro de detención
El dictamen judicial argumenta que la figura del habeas corpus únicamente analiza la legalidad de una detención, no las condiciones administrativas ni la ubicación del confinamiento de las personas aseguradas.
El sistema penitenciario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas registra que la ciudadana mexicana sigue retenida en las instalaciones del Broward Transitional Center, ubicado en la localidad de Pompano Beach.
Oficiales de control migratorio arrestaron a Gómez Mont el 30 de octubre en Miami, tras corroborar que carecía de documentos migratorios o visado vigente para residir en territorio estadounidense.
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La solicitud promovida por el abogado defensor John Patrick Pratt buscaba frenar cualquier orden de reubicación hacia otra instalación penitenciaria fuera de la zona de Miami.
La defensa adjuntó al expediente bajo reserva constancias sobre el estado de salud de una de las hijas de la conductora, quien recibe atención especializada en clínicas locales.
Los abogados defensores argumentan que un traslado forzado interrumpiría el tratamiento médico y provocaría daños a la estabilidad de los menores de edad a cargo de la presentadora.
La corte desechó peticiones para frenar el traslado penitenciario
El juez Kuntz rechazó dictar medidas cautelares sobre el confinamiento al sostener que los tribunales no disponen de facultades legales para intervenir en las decisiones operativas del Departamento de Justicia.
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La custodia y el posible cambio de penal corresponden al criterio discrecional de las agencias federales encargadas del control migratorio y la vigilancia de los centros de detención.
Frente al fallo federal en contra, Gómez Mont debe presentarse ante la corte de inmigración para tramitar una audiencia formal donde se analice la fijación de una fianza económica.
Ese juzgado administrativo resolverá si la conductora puede afrontar en libertad vigilada el proceso de deportación o si continuará recluida en el estado de Florida.
La conductora mantiene vigente una solicitud de asilo político iniciada en julio de 2022, trámite en el cual asegura enfrentar persecución en territorio mexicano por sus posturas de corte conservador.
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Los representantes legales sostienen ante las oficinas de refugio que un retorno forzado a México representaría una amenaza directa para la seguridad personal de la procesada.
El trámite de extradición solicitado por México permanece detenido
El cónyuge de la presentadora, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, utilizó con anterioridad el mismo recurso constitucional de habeas corpus para frenar una orden de traslado fuera de territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses aclararon que la detención ejecutada en Miami responde a faltas de carácter administrativo migratorio y no obedece a un mandato judicial internacional.
La Fiscalía General de la República formalizó ante el Departamento de Estado una solicitud de detención provisional con propósitos de extradición desde septiembre de 2025.
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El Departamento de Justicia estadounidense todavía no presenta esa solicitud de extradición ante los juzgados de Miami, por lo que el proceso penal bilateral no registra avances procesales.
En los tribunales mexicanos, la FGR mantiene carpetas abiertas contra la pareja por el presunto desvío de recursos públicos mediante un entramado de empresas fachada con contratos del sistema penitenciario federal.
Los juzgados de control libraron las órdenes de aprehensión correspondientes tras documentar operaciones financieras irregulares y defraudación tributaria a través de transferencias bancarias.
Gómez Mont acumuló más de cinco años fuera del alcance de los juzgados mexicanos antes de su aseguramiento migratorio en el sur de Florida.
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