La Guardia Nacional ofrece hasta un millón de pesos a familias de personas a las que ha abatido para desistir de investigaciones

El 8 de abril, la Guardia Nacional le ocasionó la muerte a Jorge Alberto Rivera Cardoza, un tramitador aduanero de 42 años residente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibió un disparo en la cabeza que provenía de una patrulla que estaba en medio de una persecución, simultáneamente, perdió la vida Martha Leticia Salinas Arriaga, quien iba caminando cuando quedó atrapada por el coche de la primera víctima al chocar con otro.

Un reporte de Animal Político indicó que la Guardia Nacional se acercó a los familiares de las víctimas y les hizo una oferta, se trataba de un convenio en el que al firmar, renunciaban a que la Fiscalía General de la República (FGR) continuara con la investigación y a cambio, recibirían la cantidad de un millón de pesos.

No son los primeros casos en los que se busca pagar una indemnización, a través de una visita de un integrante de la Guardia Nacional o de la Secretaría de la Defensa (Sedena) se les ofrece a los familiares la cantidad mencionada, a cambio, se busca detener el proceso contra los elementos de la GN. Es alrededor de un millón de pesos, más lo que resulte de los gastos funerarios y una cantidad extra para apoyo psicológico.

Viridiana Promotor, de 35 años es la viuda de Jorge Alberto, con quien compartía dos hijos: Jorge Alberto, de 9 años, e Ilze Regina, de 6. aseguró que desde el primer día en el que trasladaron el cuerpo de su esposo al Servicio Médico Forense (Semefo), se presentó una persona quien se identificó como miembro de la Guardia Nacional junto con otras tres que aseguraron ser de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y tras varias reuniones, finalmente firmó los documentos.

“Me dieron a entender que si les denunciaba yo iba a pisar la cárcel por denunciarles”, “En otro papel decía que no iba a proceder”. Detalla Promotor con respecto a los tres días que se tardaron en entregarle el cuerpo de su esposo y cómo debido a las emociones que tuvo durante su pérdida, optó por firmar pensando que de esta forma le entregarían el cuerpo.

Esto ha llegado al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) quienes aseguran, mediante testimonios recabados, que el personal militar le sembró a Jorge Alberto municiones, drogas y aparatos de comunicación, en un intento por justificar actuar ilegal. Promotor se preguntaba que por qué buscaban indemnizarle si su esposo era culpable de algo, lo que la llevó a arrepentirse de su decisión y no acudió a la cita en las oficinas de la FGR para recibir el cheque, pues ahora busca que se haga justicia y que los responsables paguen por sus acciones.

Han habido otros casos similares en Nuevo Laredo, como el de un joven de 26 años de nombre Javier, quien también fue asesinado por militares en febrero, los uniformados le acusaron de estar armado y el del guatemalteco, Elvin Mazariegos de 30 años que fue asesinado en un tiroteo a tan sólo unos kilómetros de la frontera en Chiapas y a quien de igual forma, se le acusó de portar un arma.

Pese a que existen alrededor de 424 quejas en contra del cuerpo de seguridad, este caso es el único que se ha derivado en una queja contra la Guardia Nacional presentada ante la CNDH por posibles violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, desde 2020 se ha ubicado en la lista de las 10 instituciones a las que la ciudadanía le atribuye más abusos.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, se reportó que en 2020 la Guardia Nacional ocupó el octavo lugar en este terreno y en lo que va de 2021, se ubica en el sexto, con 74. De este mismo listado, en las primeras cinco posiciones están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Bienestar, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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