El Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) aseguró que más de 4,000 millones de pesos gastados en compras para atender la pandemia de COVID-19 no tienen ningún documento publicado y que las compras para atender la pandemia podrían indicar casos de sobreprecio, donde se pagó más del doble por el mismo producto.
Como parte del seguimiento y observación a la administración pública federal en materia de combate a la nueva cepa de coronavirus, la asociación civil analizó las compras realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021, con lo que realizó diversas deliberaciones una vez analizados los datos compilados.
En el espectro de observación, el Imco analizó seis dependencias con presencia en todo México, quienes fueron las encargadas de realizar maniobras de combate a la enfermedad que ha dejado más de 200,000 decesos en el territorio nacional: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Salud (SSa).
Cabe recordar que estas dependencias fueron facultadas por el gobierno federal para realizar compras de emergencia en caso de que fuera necesario. Por lo que el análisis del estudio comprende esta dimensión contextual para realizar sus juicios respecto a la administración de recursos públicos.
1.- La política de compras de emergencia del Gobierno federal siguió una lógica de reacción. Durante los meses de enero y febrero de 2020, vitales para enfrentar la emergencia sanitaria, no es posible identificar compras de insumos necesarios para la atención de COVID-19.
2.- Las compras públicas no cuentan con información completa y de calidad. Más de 4,000 millones de pesos gastados en compras para atender la emergencia no tienen ningún documento publicado.
3.- Opacidad y falta de información en el gasto del Insabi. El Imco identificó solo 10 contratos del Insabi para atender el COVID-19, lo que representa el 1% del monto total gastado por esta dependencia en 2020.
4.- Publicación tardía del 45% de los contratos para atender la emergencia. El instituto detectó que entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato.
5.- En México y el mundo, la información sobre las vacunas, el plan de compra, el precio y las fechas de entrega se encuentra bajo acuerdos de confidencialidad entre el gobierno y los proveedores.
6.- Posibles casos de sobreprecio. La Sedena pagó 2.3 veces más por el mismo medicamento en contratos con un mes de diferencia.
7.- Empresas todólogas. La Sedena compró medicamentos para atender la pandemia a una empresa dedicada a la venta de muebles.
Ante las posibles inconsistencias señaladas por el Imco, este instituto propuso seis sugerencias:
1.- Planeación de compras y capacidad de respuesta ante tiempos de emergencia.
2.- Identificador de compras de emergencia.
3.- Publicación oportuna y completa de los contratos.
4.- Contratos marco que permitan al gobierno coordinar las compras entre dependencias, establecer precios de referencia y elegir proveedores con capacidad de cumplimiento.
5.- Registro útil y confiable de proveedores de gobierno.
6.- Capacitación, coordinación y experiencia entre las dependencias de gobierno para realizar compras públicas.
No obstante, cabe recordar que el gobierno federal ha explicado que, por el carácter emergente de la emergencia sanitaria, algunos proveedores han cambiado el costo de los insumos sanitarios que ayudan al combate de la enfermedad. Asimismo, desde antes que se manifestara el SARS-CoV-2 en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había construido el “Puente Aéreo México-China”, el cual es aprovechado por la administración de AMLO para garantizar y agilizar el suministro de insumos.
Bajo esta misma lógica de transparencia, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó a través de un video publicado en sus redes sociales, por qué el gobierno de López Obrador optó por no contratar deuda para atender la crisis del COVID-19. Donde las tasas de interés fueron fundamentales para no optar por esta opción.
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