El fin de la subcontratación: por qué AMLO prohibiría el outsourcing antes de las elecciones

“Tienen más razones para aprobarla antes del 6 de junio que para no aprobarla”, es la apreciación que hace el licenciado Jorge Sales Boyoli sobre el momento en que se dará continuidad al proyecto de ley en torno a la subcontratación que lleva en el debate público desde noviembre del año pasado.

En el 2020, el presidente López Obrador habló de su intención de prohibir el llamado “outsourcing”. Este esquema permite a las empresas contratar personal a través de otras empresas. Una de las consecuencias de este tipo de contratos laborales es que “el patrón puede controlar la cantidad de utilidades que le quiera pagar a los trabajadores”, puesto que el trato que hace no es directo con sus empleados, sino con la empresa que los provee.

La propuesta ha provocado controversias por los reclamos de los empresarios que defienden este tipo de esquema legal de contratación y de los partidos políticos de oposición. Incluso se le llegó a reclamar a la administración de López Obrador que el propio gobierno tiene empleados por subcontratación.

Para inicios del 2021, la discusión acerca de este proyecto de ley pasó a segundo plano cuando López Obrador mandó al Poder Legislativo una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, la firma de abogados especialistas en el ámbito laboral, Sales Boyoli, pronostica que este proyecto de ley retornará a las cámaras de diputados y senadores antes de las elecciones del 6 de junio.

Jorge Sales Boyoli es director general y miembro fundador de la firma que lleva sus apellidos. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana con especialización en derecho laboral y una maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano por la Universidad Anáhuac del Sur. Jorge considera que López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no tienen prisa por mandar el proyecto de ley. Sin embargo, como parte de un cálculo político, lo más probable es que ésta se mande a la cámara de diputados antes de las elecciones.

Una de las hipótesis de la firma Sales Boyoli es que el presidente mexicano podría aprovechar el simbolismo de mandar una proyecto de ley en favor de los derechos laborales en las fechas cercanas al primero de mayo, que corresponde al día del trabajo. Jorge Sales considera la misma fecha como una conquista de los trabajadores, por lo que sería esperado que López Obrador anunciara en días cercanos a dicha conmemoración un proyecto de ley que podría calificarse de la misma manera.

Por otro lado, una de las cuestiones que la firma señala es que las reformas podrían llegar en un momento inoportuno. Si la ley se aprueba y queda publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que tenga efecto lo antes posible, esto podría provocar que las empresas tengan que transferir a sus empleados en esquema de subcontratación a mediados del año fiscal. La propuesta de Sales Boyoli es que, de ser aprobada la ley en este año, que se publique en el DOF para tomar efecto a partir del año fiscal entrante.

Para Jorge, esto daría tiempo a las empresas para que las empresas desarrollen los esquemas de transferencia de personas “para mover a los trabajadores de una sociedad a otra”.

Jorge también resalta que es importante dimensionar de manera correcta el dilema. Él matiza que en realidad son solamente 4.9 millones de personas las que trabajan bajo un esquema de subcontratación, lo cual “no representa ni el 10% de la población económicamente activa del país”. De tal forma que los efectos que podrían esperarse con esta reforma no deberían de ser sobreestimados.

Sin embargo, donde los empleadores sí verán un efecto inmediato será en la obligación de pagar utilidades a un grupo de empleados que anteriormente no contaban con esas prestaciones. “Con la entrada en vigor de esta reforma, ya no va a ser posible tener estos esquemas”, por lo que tendrán que hacer ajustes para cumplir con dicha obligación.

Este es uno de los argumentos que planteaban los empresarios para oponerse al cambio en la ley. Jorge Sales cuenta que “fruto de todos los jalones y empujones que hubo en el periodo legislativo y la presión que hizo el sector empresarial” se llegó a un acuerdo en el que se le pondrá un tope de tres meses de salario en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Pese a esto, Jorge considera que este proyecto de reforma todavía puede ser considerado como una conquista en materia de derechos laborales.

SEGUIR LEYENDO: