La UIF denunció a Emilio Lozoya y a otras 24 personas por el desvío de 400 mdp de Pemex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y a otras 24 personas más, por haber contribuido al desvío de más de 400 millones de pesos de la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con el periódico El Universal, entre los denunciados figuran, además de exfuncionarios de la petrolera, las empresas y sus representantes legales con las que Pemex celebró diversos contratos que permitieron el desvío de recursos.

Destacó que la investigación está en curso y la Fiscalía General de la República (FGR) aún no judicializa el expediente, por lo que no existen órdenes de aprehensión por este caso.

El medio tuvo acceso a documentación que señala que uno de los denunciados por el presunto “saqueo” a Pemex es Héctor Vera Argüelles, quien se desempeñó en la Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta 2010 y posteriormente se convirtió en representante legal de la empresa Maheca, que también fue denunciada.

Maheca consiguió dos contratos con Pemex en septiembre de 2019, por 127 millones de pesos, mediante una subcontratación con la Universidad Popular de la Chontalpa en Cárdenas, Tabasco para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos.

“Sin embargo, los cálculos finales de la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, llegaron a contratos por 468.5 millones de pesos por los servicios que no fueron ejecutados”, señala el reportaje.

Según la UIF, este tipo de empresas presentan características de empresas fachada, como compartir el número telefónico. Algunas de ellas tienen estatus de liquidación de activos desde 2013.

Otra de las personas denunciadas es Diana Beatriz Torres Gallardo, hija de Silvano Torres Xolio, superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP hasta 2003, y “se asoció con Williams Morfín Silva, quien fue funcionario en Pemex, para fundar Cantarell, S. A. de C. V., empresa cuyas acciones fueron transferidas a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio”.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, ha realizado varias denuncias contra Emilio Lozoya por casos como el de la compra-venta de Agro Nitrogenados o los pagos irregulares de la constructora brasileña Odebrecht, entre otros.

En 2019 la Unidad presentó una denuncia contra el exdirector de Pemex por el caso de la constructora española OHL, de la que formó parte antes de ser funcionario público.

Según las investigaciones, la empresa fue señalada de " supuestamente entregar sobornos a autoridades en los dos sexenios pasados para la asignación de contratos públicos”.

Emilio Lozoya Austin, fue detenido el 12 de febrero de 2020 en un exclusivo fraccionamiento de Mallorca, España, debido a que el gobierno mexicano lo acusó de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Luego de que el padre de Emilio Lozoya negociara con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su hijo aceptara la extradición a México y a cambio ofrecería nombres de personajes de alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto envueltos en casos de corrupción; Lozoya Austin llegó al país el 17 de julio de 2020, a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su arribo ocurrió en medio de un show en el que la Fiscalía usó a un doble del ex director de Pemex para simular que iría al Reclusorio Norte, cuando en realidad fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal por una supuesta “anemia severa”.

Según versiones periodísticas, desde un principio, Lozoya ofreció al fiscal Alejandro Gertz Manero las cabezas de Peña Nieto y Luis Videgaray. En su “Declaración Nitrogenados” los acusó de ser los arquitectos de un mecanismo de corrupción desde el poder mismo.

Además, ofreció unos presuntos videos en donde tendría grabados a políticos de alto nivel, principalmente legisladores de oposición, recibiendo sobornos millonarios a cambio de aprobar la Reforma Energética. Pero hasta el momento, ninguna de estas pruebas han sido presentadas por Lozoya, pese a que el plazo para hacerlo venció el pasado 30 de enero.

A más de un año de la detención de Emilio Lozoya -quien se encuentra bajo la figura legal de testigo colaborador-, la FGR no ha informado nada sobre la indagatoria. Mientras tanto, Lozoya Austin sigue en libertad.

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