La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra diversas personas por delitos asociados al caso Odebrecht, ordenó el Instituto de Transparencia mexicano esta semana.
Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía que entregue el Dictamen de Integridad Física que se le realizó al ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto al llegar al país, luego de ser extraditado de España.
“La relevancia de estos dos casos subyace en que se privilegia la entrega de la información relativa a la denuncia presentada, porque se actualiza la excepción de la reserva al tratarse de hechos relacionados con posibles actos de corrupción”, señaló la comsionada ponente Josefina Román Vergara.
Además, en el caso de la entrega del Dictamen de Integridad Física, que implica que prevalece el interés público, ante la naturaleza de la información que, en principio es considerada como un dato personal sensible, añadió Román Vergara.
Ante el Pleno del INAI, la comisionada enfatizó que estas resoluciones son un referente para que impere el derecho de acceso a la información pública, pues resulta relevante que la sociedad pueda conocer información trascendente para la vida democrática del país.
Y es que, en cifras oficiales del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), resultado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 56.7% de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia, argumentó Román Vergara.
Sobre la necesidad de su resolución, la comisionada indicó que el acceso a dicha información es una aportación a la rendición de cuentas, pues abona al conocimiento de la sociedad sobre la actuación de la FGR para el esclarecimiento de hechos, conductas u omisiones posiblemente sancionables de los servidores públicos, que impactan al Estado mexicano.
Respecto a la proporcionalidad, señaló que divulgar la información requerida permite conocer si la FGR toma las medidas necesarias para vigilar que las conductas y desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de sus encargos, sean acorde a la normatividad, por ende, se justifica debido a que se satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y eficacia del sujeto obligado.
En este orden de ideas, la ponencia determinó que no se podrá clasificar como confidencial el nombre de los ex servidores públicos ni de personas físicas a quienes se les atribuyen los presuntos actos de corrupción, números de cuenta bancaria ni CLABE interbancaria, así como información financiera de entes públicos, entre otros.
Lozoya Austin llegó a México cerca del 00:45 horas del 17 de julio, luego de un vuelo de más de 12 horas, el cual despegó del aeropuerto de Barajas, en España. En el hangar de la FGR del aeropuerto nacional, se le notificó sobre su estatus legal y se le ejecutaron dos órdenes de aprehensión que fueron emitidas en su contra.
Lozoya ya fue vinculado a proceso en julio de 2020 en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados por delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción, pero no fue a prisión ni fue sometido a resguardo domiciliario, por lo que ha continuado con su proceso en libertad.
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