
La noche de este 25 de marzo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) dio a conocer que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación por la masacre de 16 migrantes guatemaltecos acontecida en Camargo, Tamaulipas.
De acuerdo con el comunicado emitido por esta organización no gubernamental (ONG), se indicó que durante la audiencia realizada la tarde de este jueves, el juez Gerardo Eduardo García Salgado, perteneciente al Distrito Especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, tomó esta decisión.
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Ante esta situación, la Unidad de Migrantes de la FGR cuenta con un lapso de tres días hábiles para iniciar la carpeta de investigación y con ella dar con los responsables de las acciones acontecidas el pasado 22 de enero de 2021.

En el boletín publicado en las redes sociales de la FJEDD, se comunicó que los argumentos empleados por el juez incluyeron que no se podía archivar una investigación porque “es indispensable primero investigar a fin de establecer si existen o no elementos suficientes para acreditar un delito o para aseverar que no se actualiza la competencia correspondiente”.
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Asimismo, los agentes del Ministerio Público (MP) no podrán omitir el inicio de la investigación, ni descartar su competencia, sin haber realizado previamente las diligencias de investigación.
Cabe resaltar que el pasado 10 de febrero, esta ONG promovió la impugnación ante el juez federal, pues la Unidad de Migrantes de la FGR, el 26 de enero de 2021, declaró que los acontecimientos denunciados corresponden al fuero común, por lo que serían investigados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tamaulipas, y no ameritaban una investigación federal.
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A lo largo del proceso que se tendrá que iniciar, los denunciantes, de acuerdo con el juez, no tienen que presentar pruebas del caso, ya que esa función es de los fiscales.
“La privación de la vida de 19 personas debe ser considerada una grave violación de derechos humanos, que requiere ser atendida por el Estado en su conjunto y, consecuentemente, toda la sociedad tiene derecho de saber la verdad y cuestionar jurisdiccionalmente las omisiones del Ministerio Público”, se lee en el comunicado.
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Finalmente, el texto destacó que las diligencias comenzadas por la Fiscalía de Tamaulipas no son un impedimento para que la autoridad ministerial federal realice, a su vez, su propia carpeta de investigación, pues el objetivo es agotar todas las líneas posibles.

Más de 50 días tuvieron que pasar para que fueran identificados y repatriados a su país los 16 cuerpos de migrantes guatemaltecos hallados en Camargo, Tamaulipas, luego de varias presiones del gobierno de esta nación e irregularidades con la investigación por parte de las autoridades locales.
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Tan grave fue la situación vivida en la entidad, que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que la zona de la frontera norte, particularmente el estado de Tamaulipas corren mayor riesgo los migrantes, puesto que además de los traficantes de personas, en la región operan cárteles de la droga que se disputan el territorio, convirtiéndola en un campo de batalla con frecuentes enfrentamientos entre los grupos delictivos, y contra las fuerzas de seguridad.
“Es la zona más violenta, de mayores enfrentamientos entre bandas de delincuentes, y también de enfrentamientos entre delincuentes y policías y militares, esa franja fronteriza, estamos ahí, constantemente el ejército. Se ha avanzado pero es muy conflictiva esa frontera, no fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe al estado de Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada, incluso se habla de que es un territorio en disputa permanente”, sentenció.
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