El amparo promovido por la defensa de Maru Campos, candidata por el PAN a la gubernatura de Chihuahua, fue rechazado por un juez federal. En consecuencia, se debe fijar fecha para la audiencia del proceso en el que se señala a la panista como presunta beneficiaria de la llamada “Nómina Secreta” de César Duarte.
La marca del ex gobernador priista continúa presente en la vida pública y política de la entidad, este miércoles 3 de marzo se dio a conocer que el Juzgado Octavo de Distrito declaró improcedente el recurso promovido por Campos Galván, pues la argumentación bajo la que se intentó hacer efecto carece de solidez.
“Se considera que debe negarse la suspensión definitiva del acto reclamado, pues las documentales que acompañó la autoridad responsable a su informe previo se desprenden de constancias de las que puede afirmar que la omisión reclamada es inexistente y, como consecuencia, los efectos para los que se solicita la suspensión del acto reclamado han quedado sin materia”, determinó el impartidor de justicia.
Esto porque previamente, la defensa de la militante del PAN había solicitado el expediente completo en el que se asientan las acusaciones en contra de su representada, bajo el alegato de conocer el caso y poder garantizar la legítima defensa de María Eugenia Campos Galván.
Por eso se asignó el juicio de amparo 271/2021 al juez de control Ignacio Muñoz Ramos, quien pospuso la audiencia contra la aspirante a gobernadora el 24 de febrero, en virtud de esperar la resolución de dicho recurso.
El ethos del caso es que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la administración local de Javier Corral (PAN) emprendieron el operativo “Justicia para Chihuahua”, en el cual se investigan todos los presuntos delitos cometidos por César duarte Jáquez, quien gobernó el estado del 2010 al 2016 abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la carpeta de investigación se consiguieron 21 acusaciones formales contra Duarte Jáquez por los delitos de corrupción, desvío de recursos, corrupción y cohecho. Aunado a esto, se documentó que la aspirante a gobernadora se vio presuntamente beneficiada de una serie de sobornos efectuados durante el gobierno del PRI. En este caso, la FGE señaló a Campos Galván de haber recibido, por lo menos, la cantidad de 10.3 millones de pesos entre 2014 a 2016.
A la red de sobornos establecida por el ex militante del PRI, se le conoce como la “Nómina Secreta”, la cual consistió en establecer una red de cohecho y corrupción para comprar voluntades y poder continuar realizando los presuntos actos de desfalco al erario del estado en un amplio campo de impunidad durante su gobierno.
Esta investigación marcó un precedente negativo en el PAN, pues tanto Campos Galván como Corral Jurado militan en ese partido y Marko Cortés, presidente nacional del blanquiazul, ya formó un criterio en favor de la señalada, motivo por el cual el actual gobernador evitó reunirse con Cortés, pues no desea generar malos entendidos en una investigación que continúa abierta. Aunado a esto, el líder de Acción Nacional se autonombró el primero en defender a la alcaldesa con licencia.
Ahora, la autoridad competente tiene la posibilidad de seguir con el caso para dirimir, con apego al Estado de derecho, la responsabilidad de Campos en caso de que se le encuentre culpable; sin embargo, esto no exime que la defensa de la panista continúa la táctica de llenar a la fiscalía general de amparos.
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