La Cámara de Diputados de Tamaulipas, será quien decida si desafora o no al actual gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El Congreso local, cuya mayoría es del Partido Acción Nacional (PAN), aprobó vía fast track, las reglas de homologación para que sean ellos quienes tomen la determinación sobre el mandatario estatal.
Aprobada con 24 votos a favor 823 de los cuales fueron de diputados del PAN9, la propuesta cambia el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Tamaulipas.
El martes 2 de marzo, Francisco Cabeza de Vaca, advirtió que todas las acusaciones en su contra realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) “serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos” legales.
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal de extracción panista compartió una carta en el que señaló, los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en sus declaraciones patrimoniales, como las de su esposa, a finales del 2019.
Respecto a la imputación de lavado de dinero, aseguró que “proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia”, señaló.
“Todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos”, recalcó.
En la misiva, García Cabeza de Vaca enfatizó que “a diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustibles (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente”, puntualizó.
El lunes 1 de marzo, la Cámara de Diputados notificó al gobernador tamaulipeco sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra, luego de que el viernes 26 de febrero, Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió a la dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para ratificar el proceso de desafuero a Francisco García Cabeza de Vaca, por la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Los funcionarios de la FGR llegaron a la Cámara de Diputados federal, con seis cajas de cartón que contenían 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN).
El pasado 23 de febrero, la FGR pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, derivado de una denuncia contra Francisco García Cabeza de Vaca, por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares.
A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que le habrían dejado al mandatario estatal ganancias por 2 millones de dólares.
¿Qué es el desafuero?
La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indica que cuando se presente una denuncia o querella por particulares o por requerimiento del Ministerio Público contra funcionarios, se tendrá que realizar ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaratoria de procedencia.
Una vez que esta solicitud se haya hecho, y ratificado, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados llevará a cabo todas las diligencias necesarias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, “así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita”.
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