Dos elementos de la Policía Vial de Oaxaca, en estado de ebriedad, arrollaron a dos repartidores de comida que viajaban en moto

Un grupo de repartidores denunció que personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) los amedrentó cuando fueron a levantar la denuncia

Los repartidores tuvieron que se trasladados a una clínica del IMSS (Foto: @AllOaxaca)
Los repartidores tuvieron que se trasladados a una clínica del IMSS (Foto: @AllOaxaca)

En la noche de este sábado 27 de febrero se registró un accidente vial en la avenida Símbolos Patrios, al sur de la ciudad de Oaxaca, donde dos policías en aparente estado de embriaguez arrollaron a un motociclista y a su acompañante, quienes cumplían con sus labores como repartidores de comida para la compañía DiDi.

Según primeras versiones, los dos repartidores fueron atropellados minutos después de las once de la noche por una unidad de Policía Vial Estatal, adscrita a la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), que se dio a la fuga tras el accidente.

Sin embargo, un trozo de la defensa de la patrulla que tenía impreso el número de matrícula quedó en el lugar del accidente, a donde tuvieron que acudir paramédicos de la Cruz Roja para trasladar a los repartidores a una clínica del IMSS. Al poco tiempo fueron detenidos los responsables, identificados como Antony Javier Ramírez y Daniel González Ibáñez, y puestos a disposición de las oficinas de Tránsito del Estado.

Un video que circula en las redes muestra a los detenidos a bordo de una patrulla, y en evidente estado de ebriedad.

En la escena quedó un cacho de carrocería con la matrícula de la patrulla (Foto: @AllOaxaca)
En la escena quedó un cacho de carrocería con la matrícula de la patrulla (Foto: @AllOaxaca)

Un grupo de repartidores acudió a realizar la denuncia en la oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, pero afirmaron que no fueron atendidos responsablemente. Incluso señalaron, según El Universal, que fueron amedrentados por al menos 15 policías.

En respuesta, el grupo regresó al lugar del accidente y realizó quemas de neumáticos y protestas contra la corporación policiaca.

Más tarde la policía vial reconoció la implicación de sus elementos en el incidente y la SSPO aseguró que ya había tomado cartas en el asunto:

“Ante los hechos del accidente suscitado alrededor de las 23 horas del días 27 de febrero, en dónde se vio involucrada una patrulla de esta corporación, con una motocicleta en la que viajaban dos repartidores del servicio Didi; se están llevando a cabo las acciones necesarias y se actuará conforme a la ley sobre los elementos implicados”, aseguró en un comunicado.

Un grupo de repartidores realizó protestas en el lugar del accidente (Foto: @AllOaxaca)
Un grupo de repartidores realizó protestas en el lugar del accidente (Foto: @AllOaxaca)

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda el compromiso con la ciudadanía, coadyuvando con la autoridades correspondiente en las investigaciones, para que él o los responsables respondan por los hechos”, agregó.

En época de confinamiento, la entrega de comida y otros productos a domicilio ha sido indispensable para evitar exponerse al contagio de COVID-19, pero esta situación opera a costa de quienes no tienen prestaciones laborales: los repartidores de las plataformas digitales.

Van en bicicletas, motos, otros a pie, y su labor es sustancial en la actual emergencia sanitaria, pues evitan que las personas salgan de casa y no se arriesguen a contraer el COVID-19. Ya sea para entregar medicinas, cubrebocas, despensas o una hamburguesa, los repartidores de aplicaciones trabajan en condiciones de desprotección laboral.

Mientras tanto, RappiDiDi FoodUber Eats Sin Delantal, entre otros, no tienen una responsabilidad efectiva y formal con ellos al ubicarlos como “prestadores de servicios independientes que buscan un ingreso adicional en un horario flexible”.

Contratados bajo un esquema de “colaboración”, los repartidores de plataformas no están reconocidos como trabajadores en el sentido formal y tradicional del término, ello implica que no tengan derecho de exigir prestaciones sociales ni garantías de acceso a la salud.

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