En Reynosa, Tamaulipas, una de las ciudades más importantes de la frontera de México con Estados Unidos, presuntos sicarios del Cártel del Golfo desmantelaron en distintos puntos las cámaras de videovigilancia instaladas por las autoridades estatales.
Los criminales utilizaron camionetas tipo SUV y vehículos de carga secuestrados, para derribar varios postes de luz que se usaban para sostener las cámaras.
Los ataques se produjeron presuntamente por órdenes de José Alfredo “N”, alias el “Calamardo”, presunto operador de la organización criminal. Las supervisiones desencadenaron varias incautaciones importantes y obligaron a las huestes de Cártel del Golfo a huir.
Como se ha documentado, el Cartel del Golfo instaló su propia red clandestina de cámaras de vigilancia, que permiten a la organización criminal saber sobre los movimientos de las fuerzas policiales y militares en la región. Cuando las autoridades descubren tales cámaras, las retiran, de manera similar, los operadores de carteles en el pasado han derribado las cámaras de vigilancia de la policía.
Desde hace años, el Cártel del Golfo, una organización criminal formada por desertores del Ejército, se ha infiltrado en el sector energético.
Según el periodista y experto en seguridad, Óscar Balderas, en la Cuenca Burgos los cárteles se infiltraron mediante un esquema del horror, en el que las subsidiarias fueron obligadas a pagar su derecho de piso o de lo contrario serían ejecutados por quienes se decían miembros del cártel de la última letra o del Golfo.
En 2010, una noticia cimbró terror en la industria: un empresario de la compañía de servicios energéticos Waterford fue asesinado por supuestamente negarse a pagar las extorsiones a Los Zetas. De acuerdo con Balderas, ese mismo año México inició con una serie de litigios contra empresas estadounidenses porque supuestamente adquirían gas robado a Los Zetas y al Cártel del Golfo.
El modus operandi, revelado por la paraestatal, exhibía que las compañías enviaban al país camiones llenos de agua y al llegar a la veta de gas, los descargaban y se encontraban con los sicarios, quienes se encargaban de abastecerlos con gas.
Esta diversificación de las operaciones de los cárteles mexicanos se extendió por los próximos años. En 2014, la petrolera española Repsol abandonó el país debido al asedio de los grupos criminales, que aproximadamente han asesinado a una veintena de trabajadores de Pemex.
El clímax de un rosario de agravio de los Zetas y el Cártel del Golfo llegó en 2020, cuando la empresa Pantera Exploración y Producción solicitó una prórroga al gobierno mexicano para el plan de exploración en la Cuenca Burgos, pues no podían avanzar ante el acecho de las organizaciones criminales.
Al igual que en Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco son estados infiltrados por la mafia, incluso integrantes del crimen organizado han establecido ahí su residencia.
El panorama refleja el fracaso de las estrategias diseñadas para la seguridad de Pemex por las firmas extranjeras. Además, diversas investigaciones han destapado que los criminales tienen información técnica precisa de la ubicación de ductos, oleoductos, gasoductos, oleogasoductos y de la red de transporte y distribución de hidrocarburos, datos que únicamente manejan los más altos directivos de Pemex, pues se considera información de seguridad nacional reservada.
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