La figura de Florian Tudor, conocido en el mundo del crimen como el “Tiburón”, tomó fuerza en la agenda pública luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer que bloqueó las cuentas de la banda que lidera y clona tarjetas bancarias de turistas, trafica de personas y realiza extorsión comercial. Sin embargo, el gobierno federal habría detectado que políticos de diversos partidos en el estado de Quintana Roo formarían parte de la red que protege y colabora con esta mafia.
Entre los nombres que han salido a relucir esta el de los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, aseguraría un informe de inteligencia obtenido por Milenio. En el primer caso, la DEA habría advertido al gobierno mexicano que de 2005 a 2011 colaboró con el crimen organizado, mientras que el segundo, que actualmente se encuentra preso, brindó protección a Tudor para que realizara sus operaciones.
Además, en esta lista se mencionaría a diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ex alcaldes priista y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), colaboradores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) todos ellos del estado de Quintana Roo.
El señalamiento más fuerte sería hacia René Bejarano, líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado de la Ciudad de México. El presunto documento del medio dataría de octubre del 2020 y estaría señalando al político como uno de los principales vínculos con el “Tiburón”, pues incluso habría actuado en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y utilizado Morena para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún.
El “Tiburón” habría logrado expandir su red por 14 estados de la República con apoyo de funcionarios y empresas fantasma. Esto, asegura la periodista Jannet López Ponce, le permitió al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a la Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos identificar su operatividad en al menos 15 países.
Otros nombres que serían mencionados son Roberto Estrada Barba de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza y Greg Sánchez, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su hijo José Luis Yong Cruz de Morena y el Partido del Trabajo, así como su pareja sentimental Silvia Susana González Franco.
En este esquema también estarían implicados diversos funcionarios de la fiscalía de Quintana Roo y algunos policías locales que formaron parte del aparato de protección del capo rumano. Así, se mencionarían nombres como Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de la Fiscalía estatal que fue detenido en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo.
Cuando fue capturado, el ex fiscal confesó que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo inmobiliario cuando estaba en Panamá. Incluso la DEA lo tendría identificado como la conexión entre Cancún y Rumania para el traslado de drogas ilegales y la trata de personas con fines de explotación sexual.
Fue Santiago Nieto, director de la UIF, quien dio a conocer que México había dado un golpe a los grupos delictivos, pues el gabinete de seguridad federal acordó que se bloquearan las cuentas de 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo integrado por ciudadanos de nacionalidad rumana y mexicana, los cuales se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos del país.
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