El caso de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho resurgió en en la agenda pública tras la detención del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue detenido el pasado 5 de febrero. Sin embargo, es la comunicadora mexicana quien ahora enfrenta una demanda por daño moral de una policía que mencionó en al denunciar el hecho.
Se trata de una de las dos agentes ministeriales que la recibieron en la caceta de Puebla el pasado 17 de diciembre de 2005. Horas antes, Cacho había sido detenida de manera arbitraria en Cancún por otros dos policías ministeriales de Puebla y uno de Quintana Roo.
El nombre de la demandante es Verónica Chávez y acusa que su implicación en el caso de tortura de Cacho le generó un daño moral, psicológico y económico, por lo que decidió presentar ese recursos por la vía civil.
De acuerdo con El Universal, el abogado de Chávez, fue contratado por el propio Mario Marín para que llevara a cabo tanto la defensa del hoy policía Ministerial, Alejandro Rocha Laureano y las dos agentes, Verónica Chávez y María Irene Arteaga, quienes estaban a su cargo.
“Pagó todo el señor Mario Marín para que yo defendiera a todos los ministeriales”, informó el abofado. La acusación en contra de los agentes se desarrolla en la diciembre de 2005. Durante la madrugada Rocha Laureano habría acudido al domicilio de las dos agentes y las habría llevado hasta la caseta de La Esperanza.
Una vez ahí esperaron a que llegaran José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, agentes que detuvieron a Lydia Cacho en Cancún, y la trasladaron hasta el estado de Puebla lapso en el que la periodista denunció que fue torturada.
La intención, asegura la comunicadora, era que ambas mujeres subieran al vehículo y simularan que estaban la estaban acompañando. Sin embargo, la versión del abogado es diferente, pues refiere que Chávez y Arteaga fueron a recibirla a la caseta como parte de sus labores de “auxilio” para entregarla a la Procuraduría.
El abogado argumenta la existencia de una probable cadena de mando que configuró el delito. Esta iniciaría a la cabeza con el ex director de la Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam Beltrán y el empresario Kamkel Nacif Borge, quienes cuentan con una orden de aprensión por el delito de tortura que fue ratificada por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
El comandante Rocha Laureano fue detenido en el estado de Puebla en 2018 acusado de tortura y lleva don años en prisión. Casi de inmediato, ambas agentes se ampararon para evitar ser detenidas. Arteaga no puedo evadir la acción penal, mientras que Chávez huyó. La primera de ellas estuvo en prisión de 2018 a 2019, hasta que fue, según su abogado, absuelta.
Sobre esto, la abogada de Cacho, Aracely Andrade, señaló al medio mexicano que ninguna de las policías ha sido exhonerada de los cargos y que sus situaciones actuales se deben a los amparos que han obtenido. Sobre la demanda de Chávez contra Cacho, aseguró que hasta ese momento no había sido notificada.
Todo el caso de Lydia Cacho comenzó cuando publicó el libro titulado “Los demonios del Edén”, una investigación que lo acusaba junto con el empresario Kamel Nacif de promover una red de pederastia.
Tras la publicación de este, la periodista fue acusada de difamación y calumnias y el 16 de diciembre del siguiente año, ella fue detenida en Quintana Roo.
Cacho fue trasladada a Puebla vía terrestre, pero, en el trayecto de más de 1,500 kilómetros, fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar de sexualmente de ella.
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