El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se posicionó respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Industria Eléctrica, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados con carácter de preferente.
Por medio de un comunicado, la organización advirtió que de aprobarse, esta modificación generará un aumento del precio de todos los productos y servicios, un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la expropiación indirectas de plantas privadas, por lo que urgieron al poder legislativo a llevar a cabo un ejercicio de reflexión que concluya en el rechazo de la misma.
“El CCE y los organismos que lo integran, exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica”, agregó el gremio empresarial.
El pasado lunes primero de febrero, López Obrador propuso ajustes al sistema del despacho de generadores eléctricos, cuyo mecanismo, argumentó el presidente del país, “establece grandes privilegios en la generación privada con grave perjuicio a la CFE”.
Así pues, la modificación principal consiste en que el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas tengan como prioridad a toda la energía producida por las hidroeléctricas. “Serán despachadas en primer término (…) con sentido social y de protección civil”, precisa la iniciativa.
Los integrantes del CCE consideraron que se trata de una reforma que abre un “nuevo frente” contra la inversión en medio de la crisis generada por la enfermedad de COVID-19. Además, de romper la promesa del mandatario de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.
Otro de los argumentos expuestos fue que la iniciativa incumple con tratados adquiridos bajo compromisos internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 impulsada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) y el Acuerdo de París. Asimismo, mencionaron la posible vulneración de pactos comerciales.
Por otra parte, calificaron como grave que la iniciativa sea un vehículo a “una expropiación indirecta” de las plantas privadas, puesto que al cambiar el marco legal para favorecer a la CFC se crearía un monopolio en el despacho de electricidad por parte de la paraestatal mexicana. “Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución”, afirmaron.
Aclararon que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular, por lo que la violación a inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras traerán como consecuencia indemnizaciones del Estado mexicano.
En este sentido, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró que si dicha iniciativa se convierte en Ley, dada su ilegalidad “condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, frenando la tan necesaria inversión que el país requiere”.
Asimismo, señalaron que esta disposición legal supondrá “ventajas artificiales e indebidas” para que la paraestatal desplace a sus competidores “aun cuando su energía producida sea más cara y contaminante”.
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