
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo iría en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho.
El Instituto resaltó que la iniciativa de reforma tiene repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia.
El IMCO, encabezado por Valeria Moy, consideró, que además, dicha iniciativa atenta contra la Constitución, al tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá, y aleja al país de la senda hacia una transición energética.
“Tampoco es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, alejaría al país de la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética”, indicó a través de un comunicado.

Respecto a los Certificados de Energía Limpia (CEL) que establece otorgar este mecanismo a las centrales propiedad de quien sea y sin importar el tiempo que tengan, el IMCO calificó la iniciativa como contraria al objetivo de los CEL, al no incentivar la instalación de nuevas centrales renovables por parte de la empresa productiva del Estado.
Sobre el privilegio que tendrán las centrales de la CFE sobre las energías renovables y de ciclo combinado con base en gas natural operadas por los privados, el IMCO previó que en consecuencia, habrá un aumento en las tarifas debido al mayor costo mayor de los combustibles utilizados por la Comisión Federal de Electricidad contra los costos de generación limpia.
En tanto que, sobre la eliminación de la obligación de la CFE de adquirir la energía a través de las subastas eléctricas de largo plazo, el Instituto alertó que no se garantizarán los menores precios de energía eléctrica al usuario final y se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por criterios distintos a la eficiencia.
Por ello, consideró que el debate y la eventual votación en el Congreso de esta iniciativa deberán considerar estos temas, así como el impacto que puede tener en el bienestar de los mexicanos en lo personal y en lo empresarial.

“Las finanzas de la CFE se verán perjudicadas, al eliminarse el incentivo para que el sistema compre primero la electricidad más barata, destruyendo la eficiencia derivada de la competencia entre productores”, argumentó el Instituto e insistió en que se destruye el incentivo a crecer en la generación a partir de fuentes renovables dado que el esquema vigente ofrece mejores utilidades a los generadores que utilicen fuentes menos contaminantes”, resaltó.
Además, estima que dicha iniciática obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gasto insostenibles para la Federación, y fragilidad en las finanzas de la CFE. “Detiene las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de millones de mexicanos”, subrayó.
Al proponer la revocación de los permisos de autoabastecimiento de energía a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la iniciativa presidencial -destaca el IMCO- afecta la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.
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