Este miércoles, durante su participación en el conversatorio “Retos y perspectivas de la paridad. Reflexiones desde la mirada de las mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas”, la consejera Carla Humphrey anunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) ampliará las medidas impuestas al proceso electoral para favorecer y garantizar la inclusión de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad sexual en las candidaturas.
La consejera aclaró que los partidos políticos expresaron apertura ante la aplicación de estas ampliaciones y que aceptarán aumentar los espacios para estos sectores. “Si bien en este momento no podemos postular los partidos políticos, sí lo estamos haciendo de manera progresiva”, expresó.
La primera ampliación de este tipo ocurrió el jueves 31 de diciembre, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión que tomó el INE de ampliar de 13 a 21 los distritos donde los partidos deben designar candidatos indígenas a diputado federal en las elecciones de julio.
La determinación incluyó una instrucción para que el árbitro electoral extendiera las medidas hacia otros grupos sociales que históricamente han sido subrepresentados en las elecciones y en los cargos públicos.
Finalmente, el tribunal también refirió el acuerdo hacia el poder Legislativo, para que cree acuerdos que garanticen la representación justa de forma permanente.
Por su parte, en el marco de su participación, Carla Humphrey recordó que la inclusión debe ser una lucha constante que no debe retroceder en ningún momento.
En la actual legislatura, explicó, sólo hay 13 personas originarias de comunidades indígenas. De éstas, sólo 3 son mujeres, por lo que resaltó la urgencia de medidas diferenciadas para equilibrar la participación femenina.
En cuanto al mensaje para estas personas que pronto tendrán una oportunidad de participación más amplia, les recordó que son libres para perseguir cualquier cargo público que quieran y que deben hacerlo sin sufrir violencia por ello.
“Desde las autoridades electorales nacionales y locales, lo más importante es asegurar estos espacios y articular este esfuerzo de difundir estos derechos, porque un problema central es que muchas de ellas [...] (las mujeres) no sabían que podían ocupar un espacio en sus comunidades”, dijo la consejera.
Además, las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar que las personas que buscan asumir puestos de elección popular logren hacerlo sin ser víctimas de violencia política o de otro tipo.
En el conversatorio, Mijane Jiménez Salinas, lideresa política afromexicana del estado de Guerrero lamentó que la ampliación de medidas afirmativas no incluya cuotas para las mujeres del grupo al que pertenece.
Una de las situaciones que denunció como obstáculo para la representación de la comunidad afromexicana es la invisibilización estadística en la que se encuentran. Explicó que el 2020 fue la primera vez que el Censo Nacional de Población y Vivienda incluyó reactivos para contabilizar la presencia de afrodescendientes en México (antes de este, el último en considerarlos fue el Censo de Revillagigedo en 1791, cuando muchas de las personas de origen africano vivían en la esclavitud).
Sitlali Chino Carrillo, expresidenta de Concentración Agraria de la Comunidad Wixárika de San Sebastián, expresó que, en lo que respecta a la representación indígena, otra área de oportunidad son los congresos locales.
En este respeto, Florentina Ruíz Vélez, regidora de Educación del municipio de Santa Cruz Zenzontepec, en Oaxaca, recordó que los municipios con “sistemas normativos internos” a veces tienen dificultades para concretar las cuotas y demás medidas afirmativas, por lo que pidió la participación de autoridades federales.
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